Diputados del Congreso de Puebla presentaron este jueves iniciativas para reformar las disposiciones de artículos relacionados con los delitos de extorsión a menores de edad, personas de la tercera edad y mujeres en estado de gravidez, así como con el feminicidio.
En su participación, el diputado, Sergio Salomón Céspedes, presentó una iniciativa que tiene como objetivo el reformar el artículo 282 Bis del Código Penal, la cual elevaría las penas por el delito de extorsión contra un menor de edad, persona de la tercera edad o mujer en estado de gravidez.
También plantea imponer al culpable una pena de dos a diez años de prisión y una multa de 100 a mil Unidades de Medida y Actualización, además de la reparación total de los daños.
Así, se incrementarán en los mismos términos cuando las vías telefónicas, correo electrónico u otros medios digitales, se utilicen con fines de extorsión, previendo que, si el responsable del delito fue un servidor público, además de la destitución del empleo, también se le inhabilitó de uno a cuatro años para desempeñar cualquier cargo.
Asimismo, durante sesión ordinaria, el diputado Carlos Navarro Corro, presentó una iniciativa para modificar el artículo 338 del Código Penal, y establecer que los feminicidios cometidos contra menores de edad se castigarán con una pena de 50 a 70 años de prisión.
Proponen asistencia social a hijos de víctimas de feminicidio
Por otra parte, la diputada Aurora Sierra Rodríguez, propuso reformar diversas disposiciones del Código Civil, Código Penal y la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para que, cuando se cometa un feminicidio y el agresor haya procreado un hijo con la víctima, se asegure el interés superior del menor, garantizando alimentos, estudios y un seguimiento permanente de las autoridades, embargando los bienes materiales y cuentas bancarias del agresor.
Cabe mencionar que, las iniciativas de los diputados Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Carlos Navarro Corro, Aurora Sierra Rodríguez y Mónica Silva Ruiz, fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y resolución procedente.
Editado por Janetzy Osorio Bautista
LPR
