Diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se reunirán con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, para tratar temas que tengan que ver con el mejoramiento del organismo y otros asuntos.
Así lo dio a conocer durante la sesión de dicha comisión este lunes, el presidente Eduardo Castillo López, quien señaló que ya tuvo contacto con el fiscal y se acordó que sea después del 15 de febrero, una vez que bajen los contagios de Covid-19 por la cuarta ola de la pandemia.
El diputado morenista manifestó que una vez que se tenga la fecha concreta será dada a conocer a sus homólogos, a fin de que éstos preparen temas que quieran abordar durante dicho encuentro, en caso de que así lo decidan.
Es de resaltar que se tiene programada para el 15 de febrero la comparecencia ante el pleno del Congreso local de Higuera Bernal, toda vez que no forma parte del Poder Ejecutivo, pero al igual que el año pasado asistirá tras la invitación de los diputados.
Turnan ocursos a FGE y TSJ
Por otra parte, en la sesión se atendieron diversos ocursos promovidos por ciudadanos, uno de ellos por Cruz Ruiz Vargas y José Luis Díaz Flores, por el que solicitaron atención del Congreso local sobre una denuncia penal contra el señor Marino N., por el hecho de falsificación de un pagaré por la cantidad de 300 mil pesos con fecha 10 de marzo del 2008.
Al respecto, se resolvió que en este asunto no tiene competencia el poder Legislativo para intervenir, por lo que se envió copia simple de sus ocursos a la FGE para la intervención y atención pertinente.
Otro fue presentado por José Luis Rea Flores, en noviembre del 2021, en contra de su abogada de oficio Romelia N, quien presuntamente fue en contra de él en un proceso de índole judicial, por lo que se solicitó al Congreso que el TSJ lo ayude para evitar un desalojo.
Y el último fue iniciado por Erika León Gonzales, en diciembre de 2021, por una detención arbitraria en su contra y por lo que pidió al Legislativo revisar su carpeta de investigación, toda vez que lleva un año y seis meses recluida.
En ambos casos, se hizo del conocimiento del ciudadano que no tiene competencia para intervenir, por lo que se envió con copia simple al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Dirección General de la Defensoría Pública, para los efectos correspondientes.
R: DJ
