La Comisión Permanente del Congreso local designó y tomó protesta a Rubén de la Fuente Vélez como encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE) tras la remoción de Francisco Romero Serrano, quien está preso por lavado de dinero.
Lo anterior, durante la sesión de dicha comisión este viernes, a solicitud de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), luego de que el jueves fue concluido el proceso de destitución de Romero Serrano.
El nombramiento se dio por unanimidad de votos de los siete integrantes, toda vez que había sido designado como el sustituto Romero Serrado desde el pasado 14 de febrero, luego de que fuera suspendido como medida cautelar de un juez estatal.
Ahora, De la Fuente Vélez se mantendrá como encargado de despacho del órgano fiscalizador mientras se lleva a cabo el proceso para un nuevo titular de la ASE, para lo que la Jugocopo tendrá que emitir una convocatoria previa, por lo que se prevé que sea después del 15 de mayo.
Quien quede en dicho cargo será por un nuevo periodo, es decir, por 7 años, toda vez que Romero Serrano había sido electo en noviembre de 2019, pero con su remoción el nuevo auditor empezará de cero.
En la entrevista, De la Fuente Vélez reconoció que el proceso penal que enfrenta el ahora exauditor afectó la imagen y confianza institucional hacia el órgano fiscalizador, sin embargo, eso no vio frenada su labor, pues se mantuvo trabajando en “todo momento”.
Proceso de exauditor afectó imagen
El nuevo encargado de despacho de la ASE reconoció que la detención y remoción de Romero Serrano afectó la imagen institucional del órgano fiscalizador, pero afirmó que la auditoría se mantiene trabajando y cumpliendo con sus funciones.
Asimismo, dijo que tras la suspensión de Romero Serrano alrededor de 20 trabajadores de la ASE renunciaron a su cargo, por lo que no hubo despidos, aunque evitó decir si eran personas afines al exauditor y el tiempo que llevaban en la auditoría.
Por otra parte, el encargado de despacho comentó que el trabajo sigue y por ello en abril se tendrán que presentar los informes de fiscalización de los sujetos obligados ante los diputados de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso.
Al ser cuestionado sobre si los sujetos obligados que fueron auditados durante la gestión del exauditor pueden pedir una nueva revisión, comentó que no, porque la ley establece que una vez que fueron entregados ante el Legislativo y dictaminados, ya no se puede hacer.
En el caso del supuesto daño patrimonial en el que incurrió la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, por un monto de 69 millones de pesos de su cuenta pública de 2019, comentó que como todo proceso de revisión sigue su curso y una vez que se concluya se informará al Congreso.
