El Congreso local analizará, una vez que sea notificado, las resoluciones de la SCJN que invalidó artículos de las leyes de Salud Mental y de Derechos y Cultura Indígenas en Puebla, para conocer las modificaciones que se tienen que hacer.
Así lo señaló, en entrevista, el presidente del Legislativo poblano, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien afirmó que en cada iniciativa que impulsa el actual Congreso busca no violentar la Constitución, con un análisis de fondo.
Tras las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el legislador morenista manifestó que “están esperando el análisis de lo que indica y en su momento tendremos que solventar lo que se pide, a mí me queda claro que todo lo que se genera se hace de buena voluntad, pero siempre hay condiciones que se deben revisar”, expresó.
Descartó que los diputados anteriores hayan legislado “erróneamente” ya que ambas leyes se crearon en la anterior Legislatura, pues lo hicieron con los elementos que consideraron en su momento, pero en ocasiones hay criterios distintos en los que no se coincide.
“No creo que haya sido un mal trabajo legislativo, estaremos haciendo el análisis correspondiente una vez que tengamos los documentos en las manos, es un tema que debemos tener mucho tacto para ver qué es lo que tenemos qué hacer y qué no”, expresó Céspedes Peregrina.
Y es que, dijo, cada acción que hacen en materia legislativa impacta en una política pública tanto municipal como estatal, por lo que se debe poner atención en lo que se genera y por ello se tiene que ver qué es lo que aplica y cuáles son los alcances que se tendrían.
Este martes, la SCJN invalidó la Ley de Salud Mental de Puebla, por permitir el internamiento de pacientes en hospitales psiquiátricos sin su autorización, así como la petición de no familiares para ingresarlos, al considerar que estas medidas son violatorias de los derechos.
Situación similar en la reforma a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de las Comunidades Indígenas, con la que se creó el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, por lo que la Corte ordenó, en un plazos de 12 meses, hacer una consulta a comunidades indígenas y afroamericanas.
Fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la que presentó las acciones de inconstitucional luego de que se aprobaron dichas leyes, en 2019 y 2021 y tras publicarse en el Periódico Oficial del Estado (POE)
R: DJ
