Con la suspensión que le concedió un juez federal contra una orden de aprehensión por presunta violencia intrafamiliar, Francisco Romero Serrano retomó sus actividades como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), y reiteró que seguirá al frente de este organismo.
En entrevista con Ángulo 7, el auditor estatal refirió que interpuso un juicio de amparo el pasado 21 de diciembre y que este se resolverá en audiencia constitucional a celebrarse el 12 de enero.
De esta manera, hasta que haya una sentencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) está impedida para ejecutar la orden de aprehensión que emitió en su contra Karla Patricia Ambrosio Vargas, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula.
Sobre la denuncia que en diciembre pasado dio pie a la orden de captura, el funcionario sostuvo que no fue presentada por ninguna de las supuestas víctimas, sino por terceros que lo señalaron como agresor de su pareja, Joselyn Zurita, el hijo de ella y la nana, lo cual calificó como absolutamente falso.
El Ministerio Público –abundó– judicializó “de oficio y de manera arbitraria” dicha denuncia “en un tema que involucra a la fiscalía del estado en un acto que parece inconstitucional”.
Añadió que, incluso después de que su pareja negó haberlo acusado, la jueza emitió la orden de aprehensión con base en la denuncia de una “discusión de pareja donde no se demuestra que hubo golpes ni hubo nada”.
“Nosotros estamos juntos, vivimos en la casa, vivimos totalmente en paz. Y entonces por la vía de oficio judicializaron el tema a efecto de que se me girara una orden de aprehensión”, aseguró.
Se amparará si hay más órdenes de aprehensión
Al comentar la razón de que se judicializara su caso, no descartó que haya la intención de destituirlo, pues señaló que existe la disposición de que la ausencia del auditor por 30 días de forma injustificada es causa de destitución.
En este sentido, aseguró que, si “inventan” nuevos cargos en su contra, él volverá a solicitar el amparo de la justicia federal.
ASE revisa cuentas de 2020 a 242 entidades
En otro tema, comentó que, entre los trabajos de la ASE para este 2022, está la terminar con la revisión de la Cuenta Pública de 2020, que comprende 328 entes fiscalizables, entre ellos el gobierno estatal, los ayuntamientos y los sistemas operadores de agua, los cuales están sujetos a tres tipos de auditorías: financiera, de desempeño y cumplimiento.
Como parte la revisión de la Cuenta Pública de 2020, el Segundo Informe de Actividades de la ASE expone que, durante el año 2021, se requirió información a 242 entidades fiscalizadas, con lo cual cubrió el 73 por ciento del universo de entidades a fiscalizar.
También aseveró que los resultados de su gestión están expuestos en dicho informe que presentó al Congreso local el año pasado, y que si los diputados quieren que comparezca otra vez, deberán los términos concretos y legales.
LPR
