Sancionar con hasta 10 años de prisión y una multa de 96 mil 220 pesos a quienes quiten y hagan uso de las pensiones e ingresos de adultos mayores, pues se trata de “explotación financiera”, propuso Guadalupe Yamak Taja, diputada local de Morena.
De acuerdo con la iniciativa que presentó en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de Puebla, la legisladora propone reformar la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores y el Código Penal estatal.
En su exposición de motivos, señaló que los familiares constituyen los principales responsables de los abusos financieros y resulta difícil determinar hasta qué punto las transacciones que realizan son o no legítimas.
Además de que muchos se aprovechan del desconocimiento de los ancianos para transferir sus activos y otros utilizan la atención y el cariño para obtener una compensación económica.
“Se busca proteger a las personas adultas mayores de los abusos financieros de que son víctimas, particularmente el que sufren al privarlos de los recursos que perciben a través de la pensión del bienestar, y cualquier otra percepción de carácter social, así como que se garantice su derecho a la libre e informada administración de ellos”, cita el documento.
La morenista manifestó que el maltrato económico que sufren las personas de la tercera edad es un problema que ha incrementado, manteniéndose invisible en muchas familias quienes abusan de los ingresos y bienes, cuando en ocasiones los mantienen aislados en pequeños espacios, sin incluirlos en otras actividades.
Además de que solo son aceptadas si cuentan con un ingreso económico, una pensión, un sueldo, que de inmediato se convierte en parte del ingreso familiar, de lo contrario su seguridad, su bienestar y vida se llena de violencia y agresiones.
Con esto igual se plantea que los DIF municipales de cada ayuntamiento promueva cursos de capacitación hacia toda su población mayor en materia de administración básica tendiente a proveer de los conocimientos suficientes para evitar esta clase de abusos.
Piden catalogarlo como fraude
“Con el afán también protector mencionado, pero especialmente el de inhibir este tipo de conductas antisociales, se busca dimensionar debidamente los delitos de fraude y de Abuso de confianza cuando se cometan en perjuicio de las personas adultas mayores”, reza la iniciativa.
Por ello, se propone modificar el artículo 400 del Código Penal para que estas prácticas sean castigadas como delito de abuso de confianza, con una pena de 3 a 10 años de cárcel, así como una multa de 100 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a un monto de 9 mil 622 a 96 mil 220 pesos.
Mientras que se plantea reformar el artículo 407 para que esta explotación financiera sea sancionada como fraude, dependiendo de las circunstancias, para lo que se contempla una pena de cuatro a 10 años de prisión y una multa de 4 mil 811 a 28 mil 866 pesos.
En tanto, cuando el delito se cometa en perjuicio de personas adultas mayores, de cooperativas, sociedades o agrupaciones en que estén interesados obreros, campesinos o indígenas, se castigará de 4 a 10 años de prisión y multa de cincuenta a 300 UMAs, es decir de 4 mil 811 a 28 mil 866.
LPR
