Para avanzar con la reforma al Poder Judicial de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta presentó al Congreso local dos propuestas de ley, que incluyen sanciones a jueces por corrupción, así como juicios en línea para demandas administrativas.
El mandatario poblano propuso la promulgación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que contempla 150 artículos, los cuales, dan orden jurídico a la reforma del sistema judicial poblano, aprobada el pasado 6 de octubre.
La iniciativa destaca como objetivo que las autoridades estén obligadas a impartir justicia con “objetividad, integridad, honestidad, transparencia, eficacia y eficiencia”, castigando a los funcionarios públicos que no actúen así.
De esa forma, el artículo 91 faculta al Consejo de la Judicatura a aplicar mecanismos para evitar faltas administrativas e ilegalidades. Para ello, deberá coordinarse con el Comité́́ Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. A su vez, el Consejo revisará la situación patrimonial de cada servidor público del Poder Judicial.
El artículo 94, plantea que los servidores públicos sean sancionados de forma administrativa cuando actúen por consigna. También, cuando presionen a otra persona para hacer algo en beneficio suyo.
A su vez, serán sancionados si cometen acoso u hostigamiento, o si abusan de su cargo para obtener algún beneficio sexual.
La reforma también impide a estos servidores usar su cargo para contratar dentro del Poder Judicial a algún familiar o allegado, con quien comparta hasta un parentesco de hasta cuarto grado. De igual manera, serán sancionados por cualquier reunión que realicen fuera de los edificios judiciales, para tratar temas relacionados a un juicio.
El artículo 100, precisa que las faltas administrativas se sancionarán con una amonestación pública o privada; con la suspensión en el cargo por hasta treinta días naturales; la inhabilitación para desempeñar empleos similares por hasta un año, o hasta con la destitución.
Van por juicios administrativos en línea
Por otra parte, Miguel Barbosa presentó la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, para aligerar los procesos de determinadas demandas, evitando con ello una lentitud burocrática que agote a los demandantes.
Compuesta por 170 artículos, esta iniciativa propone la implementación de juicios administrativos en línea para tramitar procedimientos contenciosos ordinarios. El sistema también será utilizado para integrar y consultar expedientes de juicios ante el tribunal y para presentar pruebas, demandas y promociones a cualquier hora.
“La implementación del juicio en línea dotará a las y los gobernados de un juicio cómodo, pronto, eficaz y seguro”, señala el dictamen.
De igual forma, incorpora la figura de “juicio de resolución exclusiva de fondo”, con la que analizarán de forma especial los casos que requieran un análisis profundo, evitando otros procedimientos jurídicos que retrasen la revisión.
Además, se proponen los “juicios por vía sumaria”, los cuales, se presumen como un medio procesal que obliga a las autoridades “a la emisión pronta de sus sentencias y permite igual rapidez en su rigidez”.
Esta vía, disminuye la posibilidad de impugnar la sentencia, de ampliar la demanda o de presentar algún incidente.
Sin embargo, no todos los juicios administrativos podrán ejecutarse por la vía sumaria, ya que solo aplicará en casos donde la cantidad demandada sea menor a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) anuales, es decir, de hasta 526 mil 516 pesos.
Ambas leyes de Miguel Barbosa fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, para su revisión.
LPR
