En 2020, un millón 776 mil 46 personas en Puebla, el 35.9 por ciento del total, vivían en áreas urbanas con alto o muy alto grado de rezago social, es decir, no contaban con acceso a algún elemento considerado como indispensable, por lo que fue una de las cinco con mayor porcentaje registrado.
Lo anterior, de acuerdo con el informe del Grado de Rezago Social (GRS) 2020 en las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) de las zonas urbanas del país, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que señaló que el rezago social se refiere a desventajas sociales, como la carencia de agua entubada, drenaje o internet y no precisamente sobre pobreza.
Con lo anterior, se ubicó como la cuarta con mayor porcentaje de personas en áreas urbanas en dichas condiciones, solo superada por Chiapas, que tuvo un porcentaje del 52.1 por ciento; Oaxaca, con el 48 por ciento; así como Guerrero, con el 39.1 por ciento. Por su parte, Yucatán se encontró por debajo de Puebla, con el 29. 3 por ciento de su población viviendo en áreas urbanas con grado de rezago alto o muy alto.
Respecto a los resultados a nivel municipal, 32 municipios de la entidad, con 69 mil 799 personas, se encontraron en grado de rezago social “muy alto”, con lo que se ubicó en el segundo lugar con más municipios en esta condición, solo superado por Oaxaca, que registró 213 municipios en este grado.
Sobre el grado de rezago social alto, 42 municipios de la entidad se ubicaron en este espacio, mismos que albergaron a 152 mil 235; en este caso, Puebla solo volvió a ser superada por Oaxaca, que registró 128 municipios en esta condición.
Por su parte, a nivel nacional, ese año se registraron 99.2 millones de personas, alrededor de 78.6% de la población total de México, viviendo en alguna AGEB urbana, de las que el 11.7 por ciento residía en localidades con “Alto” o “Muy alto” grado de rezago social.
Es necesario señalar que el grado de rezago social es una medida que resume indicadores de carencias sociales y bienes del hogar, por lo que no representa una medición de la pobreza, sino que provee información para identificar las áreas territoriales prioritarias para la política pública.
