El gobernador Miguel Barbosa Huerta opinó que las terapias de conversión son un práctica que viola los derechos humanos, sin embargo, comentó que quienes se opongan a que el Congreso determine que sean sancionadas están en su derecho, pues vivimos en una democracia.
En conferencia de prensa, señaló que será el Congreso quien determine si son sancionadas estas prácticas, luego de que fuera cuestionado sobre la oposición de grupos conservadores a la posible reforma al Código Penal del estado. “Desde mi opinión ese tipo de terapias forman parte de una posición ya muy fuera de tiempo”.
“Es un asunto legislativo que tendrán que resolver ellos (los diputados) y bueno es legítimo que grupos de personas de manera individual o colectiva se pronuncien a favor o en contra, ese es un derecho de la sociedad que tiene siempre que hay tema así”, añadió.
Incluso, explicó que la oposición es normal y es parte de una democracia, pero será el Congreso el que tome la decisión, pues la Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó en días pasados reformas al Código Penal en la que se pretende castigar con hasta 3 años de prisión y multa de hasta 19 mil pesos, a quienes realicen estos procesos de “conversión” o inciten a ellos.
Las terapias de conversión son un conjunto de prácticas que pretenden, por medio de métodos pseudocientíficos, cambiar la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de una persona.
En este sentido, luego de que el diputado panista, Eduardo Alcántara Montiel, comentó que el documento tiene cuestiones técnicas que no generan certeza, el presidente de dicha comisión, Eduardo Castillo López, comentó que se analizará hacerle algunos cambios antes de que sea presentada en el pleno, por lo que no sería está semana cuando se apruebe.
Por su parte, este domingo la Asociación de Padres de Familia se pronunció porque sea modificado el dictamen, toda vez que consideraron que genera incertidumbre hacia ellos, pues no se sabe qué es lo que pueden hacer y qué no respecto a la educación de sus hijos, lo que a su consideración “los pone en riesgo”.
