La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su homóloga local en Puebla en contra del cobro del DAP aprobado por el Congreso en 144 leyes de ingresos.
En su página oficial, la SCJN publicó en su lista de notificaciones la admisión de dichas acciones asentadas con los folios 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022 por parte de la CNDH y la 9/2022 de la CDH, con los que buscan echar abajo el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).
En el documento, se detalló que los recursos fueron aceptados el 28 de enero, el 2 y 3 de febrero, por lo que ahora iniciará el análisis de los mismos.
Tras esto, el poder Legislativo y el gobierno estatal tendrá que emitir su informe correspondiente sobre dicho caso; el primero porque fue el que aprobó los cambios a las leyes de ingresos en la madrugada del 24 de diciembre, mientras que el segundo por haberlas publicado en el Periódico Oficial.
Por otra parte, en el listado de notificación se dio a conocer que fue desechada de forma parcial la acción de inconstitucionalidad de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) con la que se buscaba echar abajo las reformas a la Ley de Hacienda Municipal del Estado y la Ley de Hacienda para el municipio de Tehuacán.
Así como las hechas a Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla y al de San Andrés Cholula, misma que estaba enfocada a los cambios para poder implementar el cobro del DAP en estas demarcaciones.
Desechan recurso contra reformas a códigos
El motivo del desechamiento es porque fue presentada de forma extemporánea a los 30 días establecidos por la ley, tras la publicación de las reformas en el Periódico Oficial del Estado (POE) para que pudieran presentar el procedimiento en contra de las mismas.
Y es que los cambios entregaron en vigor el 24 de diciembre del año pasado, por lo que a partir del 25 de dicho mes empezaron a correr los 30 días naturales para promoverla, lo cual no se hizo y fueron presentadas de manera extemporánea, ya que fue el 26 de enero.
Es de resaltar que en el caso de la CDH, la acción contra el cobro del DAP es porque argumentó que transgrede los derechos humanos de seguridad jurídica, legal y proporcionalidad, considerados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
En tanto, los recursos que inició la CNDH son con el argumento de que las contribuciones por alumbrado público previstas en las leyes impugnadas no tienen la naturaleza de “derechos”, pues “en realidad” se trata de un impuesto por el consumo de energía eléctrica, cuya imposición sólo corresponde al Congreso de la Unión.
En contraparte, el pasado 3 de febrero el alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que la SCJN admitió la controversia constitucional del ayuntamiento de Puebla para poder cobrar el DAP, luego de que dicha solicitud fue rechazada por diputados del Congreso local.
R: DJ
