
El alcalde Eduardo Rivera Pérez rechazó tener un acuerdo político para no investigar las observaciones de la anterior administración, pues una cosa es aprobar la cuenta pública 2021 y otra los procesos que lleva la Contraloría, la cual inició 200 procedimientos.
En entrevista, luego de inaugurar la pavimentación de las calles 11 A Sur y 11 C Sur en la colonia San Bernabé Temoxtitla, señaló que “se quiere confundir” a los ciudadanos, pues la cuenta pública es del ejercicio fiscal completo y no se puede avalar por partes, sino en su conjunto o en su caso desechar.
Dijo que la decisión que tomó el Cabildo la semana pasada no impide continuar con las investigaciones de las observaciones detectadas al gobierno de Claudia Rivera Vivanco, pues una muestra de ello es que van 45 exservidores públicos que han caído citados para que aclaren las irregularidades.
“La cuenta pública o se aprueba o se desecha, como gobernante de la ciudad el año pasado, pues no me puedo rechazar la cuenta pública, por el amor de Dios. Quiero ser muy enfático, mi responsabilidad como presidente es la legalidad y yo no voy a ser tapadera de nadie”, declaró.
El ese tenor, sostuvo que va a respetar la autonomía del Congreso local y la Auditoría Superior del Estado (ASE) con relación a la investigación de presuntas irregularidades de la administración municipal anterior, por lo que “no componendas ni acuerdos”, pues se aplica el Estado de Derecho
Aseveró que su gobierno no es de estridencias, ni de escándalos políticos o de “quererse llevar las primeras planas” declarando, ni haciendo escarnio de otros, pues si gestión está enfocada en trabajar y dar resultados a los ciudadanos por igual.
Hay 200 procesos abiertos
Explicó que continuarán con el proceso de investigación y la Contraloría tendrá que resolver lo que resulte de los 200 procedimientos ya iniciados y de los exfuncionarios, al afirmar que las decisiones que toma el ayuntamiento son de forma autónoma.
Incluso, dijo que entre las sanciones que se podrían aplicar en caso de que se comprueben responsabilidades son la inhabilitación, denuncias penales, y el retorno económico al ayuntamiento a través de una multa.
“Los escenarios los tendrá contemplados la Contraloría y como les comenté no estaremos nosotros litigando algo que se tiene que llevar a cabo a través de la vía jurídica, la Contraloría tiene su parte y la Auditoría determinará lo que le toque’, expresó.
Rivera Pérez mencionó que quienes quieren “amarrar navajas y echarlo a pelear” con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien consideró que hubo un acuerdo para no seguir las investigaciones, pues señaló que no les va a seguir el juego y tienen “muy buena” relación con él.
“No me subo al ring, las cosas como son, yo hago mi chamba, que el Congreso haga su chamba, una cosa no se puede relacionar con la otra y eso permite que todo siga su curso, su tiempo y con las resoluciones que se den, la ley es muy cuidadosa y todo en su momento se resolverá”, expresó.
Y es que el coordinador de diputados panistas en el Congreso local, Eduardo Alcántara Montiel, el miércoles señaló que tras aprobar la cuenta pública le está dejando la responsabilidad al Legislativo, por lo que tenía que “haber congruencia” por parte del gobierno municipal.
R: LGG





