En 37 años, en Puebla se han registrados mil 875 sentencias por juicios de pensión alimenticia, derecho que garantiza la integración de las personas, sobre todo, mujeres víctimas de violencia económica contra ellas y sus hijos. Este es el panorama de la entidad.
La pensión alimenticia busca proteger el derecho que tienen los hijos o alimentarios de exigir que se les proporcionen los medios para subsistir de acuerdo con su posición social y, según el artículo 308 del Código Civil federal, incluye la comida, el vestido, la habitación, atención médica, gastos para la educación de los menores, así como para proporcionarles un oficio, arte o profesión, es decir que los hijos podrán seguir recibiendo un monto después de la mayoría de edad, hasta los 21 años.
De acuerdo con el Inegi, en 2010, el 25 por ciento de los hogares poblanos estaban encabezados por una mujer, sin embargo, en el Censo de Población y Vivienda de 2020, la cifra subió al 32 por ciento, lo que ubicó a la entidad como la quinta con más hogares donde el sostén económico es una madre de familia.
Tanto hombres como mujeres pueden solicitar la pensión alimenticia para sus hijos, pero las segundas son más propensas a ser víctimas de violencia económica, es decir, la privación de los recursos necesarios para la manutención del hogar y la familia.
Lamentablemente, en Puebla y el país, los trámites burocráticos y distanciamiento, principalmente de la figura masculina, de la obligación de proporcionar a los menores recursos para subsistir, hacen de la búsqueda de la pensión alimenticia un suplicio para quien lo busca.
En Puebla, una joven ni siquiera pudo iniciar el trámite de demanda por la pensión, ya que para empezarla debía entregar el citatorio en persona al deudor, quien, apoyado de familiares y amigos, luego de dos años, sigue esquivado hasta el momento el documento.
Lo anterior, pese a que, de acuerdo con el artículo 520 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, quienes se resistan a acatar las correspondientes órdenes judiciales de descuento, o auxilien al obligado a ocultar, disimular sus bienes o eludir de cualquier otra manera el cumplimiento de las obligaciones alimenticias podrían se acreedores a una multa de hasta 9 mil 622 pesos o el doble si reinciden. Dichas sanciones también aplican para patrones, administradores, directores, y jefes en general de la persona deudora.
Caso de Cecilia Monzón
El caso más reciente que toca el tema, fue el feminicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez, quien demandó al expriista Javier López Zavala, padre de su hijo, para exigir la pensión alimentaria, sin embargo, el político fue ya vinculado a proceso por el delito de feminicidio contra la abogada, pues se le acusa de ser el autor intelectual.
Se sabe que la activista apoyaba casos de este tema, conocido como violencia vicaria, así como a víctimas de violencia de género, por lo que era llamada la “abogada de las mujeres”.
Según el Código de Procedimientos Civiles, cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez de lo familiar resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. Además, si el deudor alimentario no realiza el pago de las pensiones, se procederá al embargo de sus bienes.
De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de Puebla, de 1985 a junio de este 2022, van mil 875 sentencias por juicios de pensión alimenticia, de las que mil 305, el 69.6 por ciento, fueron declarativas, es decir, una constancia jurídica de un hecho, un derecho o un deber.
En Puebla, quien busque iniciar la solicitud de pensión alimenticia, puede acudir a las oficinas de los Sistemas Municipales DIF de su demarcación o al Sistema Estatal DIF, ubicado en el Centro Histórico de Puebla, en la calle 5 de Mayo, número 1606, cuyo teléfono es el 222 229 5200, o bien en la Casa de Justicia Ciudadana, donde le darán orientación.
De acuerdo con la página del gobierno federal de trámites, quien busque iniciar este procedimiento deberá contar con el acta de matrimonio (original y copia); acta de nacimiento de el o los menores (original); domicilio laboral y particular del demandado (original); constancia de estudios del o los hijos (original).
R: DJ
