A través de un convenio, los gobiernos de Puebla y federal tienen proyectado destinar 3.2 millones de pesos este 2022 para agilizar y modernizar trámites en los distintos juzgados del Registro Civil del Estado, así como para garantizar el derecho a la identidad.
Así lo muestra el “Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de Población, que para el ejercicio fiscal 2022 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Puebla”, publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con el documento, son siete rubros en los que se distribuye el monto aludido, siendo el primero de ellos el análisis y validación en la captura de registros de defunción, a lo cual se le destinó 270 mil pesos.
Otro concepto es el de modernización tecnológica de la Unidad Coordinadora Estatal del Registro Civil, de al menos 15 juzgados locales y un servidor central, para lo cual se asignó 1.4 millones de pesos.
Por otro parte, se fijaron 480 mil pesos para el mejoramiento de trámites relacionados con la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como para aumentar la protección y seguridad de la base de datos de dicha clave.
Buscan incentivar registro oportuno
Asimismo, la cifra de un millón 100 mil pesos se asignó para campañas que incentiven el registro oportuno de los nacimientos en la entidad
Por lo que respecta a acciones afirmativas en favor de los grupos históricamente discriminados, se destinaron 15 mil pesos para que los registros civiles del estado emitan documentos de identidad impresos en sistema braille.
Otros 15 mil pesos son para realizar campañas tendientes a regularizar el estado civil de las personas nacidas en Estados Unidos, cuyos progenitores son de origen mexicano.
Finalmente, se fijó la cantidad de 3 mil 283 pesos en favor de la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal con el objeto de que vigile y evalúe todas las acciones efectuadas con motivo del acuerdo en cuestión.
Cabe precisar que el acuerdo publicado este día en el DOF fue firmado desde marzo pasado, detallando que la aportación de la Federación es de casi 2.3 millones de pesos, mientras que la correspondiente al Estado ascendió a los 985 mil pesos.
El documento también establece la obligación de que las aportaciones de ambas partes se manejarán en cuentas bancarias separadas o distintas, entre otras razones, para una mejor fiscalización de las mismas.
Por último, dichas cuentas tienen que ser canceladas al finalizar este año, que es cuando dejará de tener vigencia el convenio de coordinación en comento.
LPR
