No se permitirán abusos ni corrupción de elementos de seguridad: Céspedes. Foto: Especial

En Puebla, no se permitirán abusos ni corrupción en la policía estatal, destacó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien instruyó a la SSP a reforzar trabajos en materia de seguridad; sus dos años de gestión, serán de consolidación del trabajo que encabezó Miguel Barbosa Huerta.

La mañana de este sábado, el morenista presidió la ceremonia de honores a la bandera en el Complejo Metropolitano de Seguridad C5, donde, al emitir su mensaje, reiteró que su gestión continuará con acciones contra la corrupción, toda vez que los dos años que quedan de gestión serán para consolidar las acciones del exgobernador fallecido.

Asimismo, reconoció la labor de la policía en Puebla, así como a sus familias, por lo que aseguró que también ellos serán cuidados, para salvaguardar su integridad y condiciones de trabajo.

Por su parte, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, lo exhortó a mantener un vínculo estrecho con el gabinete de Seguridad Nacional, la Guardia Nacional y los gobiernos de estados aledaños, como estrategia para abatir la inseguridad en la entidad.

Por su parte, Cruz Luna recordó al exgobernador Barbosa Huerta como un mandatario ocupado en temas de seguridad y pendiente de las acciones operativas de la policía estatal en sus diversas ramas.

Destacó que nunca faltó a una mesa de la seguridad para la construcción de la paz, pues la seguridad pública fue una de las prioridades desde el inicio de su administración, por lo que se comprometió a seguir trabajando en la materia.

Como homenaje, se realizó un toque de silencio en honor al gobernador fallecido; asimismo, destacó la presencia del nuevo secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, designado el pasado viernes tras la salida de Ana Lucía Hill Mayoral.

Cabe mencionar que, antes de fallecer, el gobernador Barbosa Huerta presentó una iniciativa ante el Congreso de Puebla para evitar que policías que no cuenten con examen de control y confianza sean contratados por funcionarios, quienes serían acreedores a penas de hasta siete años de cárcel.

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