En 2021, en Puebla había 4 mil 50 comités de contraloría social, mecanismos de participación ciudadana constituidos por beneficiarios de programas sociales de la Federación encargados de supervisar la ejecución de los mismos, los cuales vigilaron 3 mil 776 millones 362 mil 973 pesos, el segundo presupuesto más grande, solo superado por el de Oaxaca.
Así lo dio a conocer la Secretaría de la Función Pública (SFP) en su Informe General de Resultados de contraloría social, donde señaló que, en 2021, los comités de Oaxaca vigilaron 5 mil 558 millones 441 mil 189 pesos; mientras que el tercer lugar lo ocupó Tabasco con 2 mil 721 millones 568 mil 611 pesos; seguido del Estado de México con 2 mil 602 millones 408 mil 250 pesos, así como Chiapas con mil 496 millones 837 mil 599 pesos.
Dichos estados representaron el 51 por ciento del presupuesto vigilado por los comités de contraloría social en el ejercicio fiscal 2021.
Durante ese periodo, los comités en Puebla realizaron 3 mil 953 informes, por lo que la entidad se ubicó como la cuarta con más entregas, solo superada por Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
La entidad también fue la segunda con mayor número de reuniones registradas, con 3 mil 127, solo superada por el Estado de México, que realizó 4 mil 25.
Asimismo, en número de comités instalados, Puebla figuró en el cuarto lugar, solo debajo de Veracruz, con 5 mil 615; Oaxaca, con 5 mil 161; sí como Chiapas, con 4 mil 228.
A nivel nacional, se observó una mayor conformación de comités de contraloría social en el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, con un 38 por ciento, seguido del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con 16 por ciento, que en conjunto sumaron más del 50 por ciento de los comités constituidos en el país.
Es necesario señalar que los comités de contraloría social buscan prevenir irregularidades en el funcionamiento de programas de la Federación y es la SFP la encargada de regularlos; además, representan una oportunidad de participación activa que contribuye a las labores de vigilancia, permitiendo la voluntad de la sociedad al ejercer, en forma directa, la crítica y control de las políticas del Estado.
Entre las actividades realizadas por los comités estuvo la verificación de la entrega del beneficio; vigilar que las personas beneficiarias cumplieran con sus obligaciones; así como orientar a las personas beneficiarias a presentar quejas, denuncias y alertas.
