Normalistas de Teteles pidieron una mesa de diálogo con el gobierno de Puebla para garantizar medidas de no repetición, luego de la recomendación que emitió la CNDH tras determinar que hubo violación a la libertad de expresión en una marcha que realizaron en junio de 2021.
A través de un comunicado de prensa, las estudiantes de la escuela Normal Rural de Teteles “Carmen Serdán” señalaron que, en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debió emitirse como punto la instalación de una mesa de diálogo entre el gobernador Miguel Barbosa Huerta, las autoridades educativas de Puebla y representantes de la escuela.
Por otra parte, destacaron que el organismo omitió comunicarse con las víctimas antes de emitir la recomendación, por lo que no recabaron sus opiniones o dieron aportaciones al expediente de queja.
Debido a ello, la investigación está incompleta y no garantiza los derechos de las víctimas, pues no se documentó la violencia sexual sufrida por normalistas rurales, mujeres y hombres, durante su detención “ni tampoco se realizaron los peritajes adecuados, según estándares nacionales e internacionales, para investigar la tortura sufrida por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero”.
3 alumnas fueron expulsadas tras marcha
Por la organización de la marcha conmemorativa del pasado 1 de junio de 2021, tres estudiantes fueron expulsadas, por lo que hubo recursos de impugnación a tales determinaciones, sin embargo, hasta el momento la Dirección de Formación Docente en puebla no ha contestado, por lo que también se pronunciaron por su reinstalación.
Asimismo, acusaron que una de las motivaciones para la “represión” es la supuesta desmantelación y privatización de la escuela Normal “Carmen Serdán” a través de un proceso de certificación educativa, impulsado por el gobierno de Puebla y el cuerpo directivo del plantel. Por lo cual, exigieron que no se realice tal certificación que pretendería eliminar el modelo normalista rural.
Finalmente, reiteraron su petición de renuncia del director Antonio García Ordoñez, Leticia Martínez Barrientos, subdirectora académica, y Emilio Guerrero Becerra, subdirector administrativo, mismos que ya fueron denunciados y están en calidad de imputados.
A ellos, los acusaron de vulnerar el derecho a la educación de alumnas de nuevo ingreso el pasado 30 de agosto, debido a que les negaron su inscripción por no presentarse con sus padres de familia a realizar dicho trámite, pese a que son mayores de edad.
Cabe mencionar que, tras la emisión de la recomendación, el gobierno de Puebla anunció que analizará el documento, aunque insistió que las jóvenes iban armadas y dispuestas a incendiar Casa Aguayo.
