Tras cinco meses del amparo que fue presentado contra el retiro de bolardos en la capital poblana, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Administrativo en Puebla resolvió a favor del ayuntamiento que decidió quitarlos, por lo que organizaciones presentaron una revisión de amparo.
Así lo señaló Gerardo López Ramírez, líder del Barzón Poblano, quien recordó que el recurso fue presentado en diciembre de 2021 porque consideraron que hay una violación al artículo 4 constitucional derivado de la reforma de 2019 donde se estableció el derecho humano a la movilidad.
Recordó que el amparo se radicó en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Administrativo en Puebla, cuya titular Alicia Lugo Pérez falló en contra de organizaciones pues consideró que “la circunstancia no se relaciona directa o indirectamente con la afectación a un ecosistema o a servicios ambientales”.
Sin embargo, López Ramírez sostuvo que la jueza hizo una mala interpretación de artículo 4 al confundir derecho a la movilidadsegura con el derecho a un medio ambiente sano y no actualizarse en las reformas constitucionales.
“La juzgadora no lee nuestros agravios ya que nunca mencionamos alguna afectación al ecosistema…ya presentamos la revisión de amparo ante el tribunal colegiado de circuito, el superior jerárquico de la jueza, dónde exponemos las anomalías de la mala interpretación de la norma constitucional”.
“No se garantiza derecho a movilidad”
En entrevista previa con Ángulo 7, el líder de El Barzón explicó que, al retirar los bolardos, no hay un criterio técnico que garantice que el derecho humano a la movilidad esté salvaguardado.
Lo anterior, porque afirmó que se ha tenido un aumento considerable en muertes viales debido de que la infraestructura en la ciudad es obsoleta para el peatón, además de que no se está cumpliendo con la pirámide de movilidad.
Esto, porque comentó que primero debe ser peatón, luego el ciclista, las unidades de transporte público, transporte de carga, automovilistas y motociclistas, pero con el retiro de bolardos se violenta al usuario y se da prioridad a los coches particulares.
Recordó que en la primera audiencia se negó la suspensión, pero faltaba la constitucional en donde la juez con todos los elementos que se le han hecho llegar, informes justificados y las pruebas presentadas determinaría si hubo violación al derecho a la movilidad, lo cual fue resuelto en contra.
López Ramírez menciono que sí se había dilatado el amparo fue porque por la pandemia del Covid-19, se modificaron algunos criterios de la admisión de las demandas, ya que en el que tardaron casi dos meses en darle trámite, puesto que se da prioridad a otros de casos más urgentes.
R: DJ
