La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación sobre las muertes de Martha Erika Alonso Hidalgo, exgobernadora de Puebla, y el senador Rafael Moreno Valle ante posibles delitos federales que surjan durante el proceso del fuero común.
Así lo aclaró este martes por la tarde el organismo judicial en respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió informar sobre los avances del caso ante la versión que el helicóptero donde murió la pareja de políticos y otras tres personas está relacionada con trata de menores.
De acuerdo con la fiscalía, desde diciembre de 2018, cuando ocurrió el accidente, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla con la participación permanente de la FGR para “mostrar la transparencia y la imparcialidad en ese caso”.
Recordó que los peritajes técnicos quedaron a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, dependiente de la Agencia Federal de Aviación Civil.
Los dictámenes determinaron que la caída de la aeronave se debió a fallas técnicas, cuya responsabilidad recayó en cinco empleados de la empresa Rotor Flight Services, que daba mantenimiento a la aeronave siniestrada. Ellos fueron procesados por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena culposo.
Hay que recordar que también han sido detenidas otras cuatro personas, entre ellas el director de la empresa propietaria del helicóptero, Rafael N.
La FGR remarcó que el proceso penal se lleva a cabo en el ámbito judicial del estado de Puebla y la FGR mantiene abierta la investigación en caso de que surja un delito federal.
¿Por qué se vincula al helicóptero con la trata?
Desde febrero, comenzó a circular la versión de que el helicóptero siniestrado estaba vinculado a una investigación del FBI por trata de menores antes de pertenecer a Servicios Aéreos del Altiplano, que prestó el servicio de taxi aéreo a los Moreno Valle.
Antes de pertenecer a Servicios Aéreos del Altiplano, la aeronave habría sido propiedad de Servicios Aéreos Milenio (SAM), del exsenador priista Ricardo Urzúa Rivera.
Esa empresa fue investigada por el FBI tras una denuncia pública que realizó la periodista Lydia Cacho, quien refirió que uno de sus aviones privados transportó niñas de Florida a México para un red de trata en Cancún en 2004.
LPR
