En 2021, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla recibió 440 quejas ciudadanas, por lo que se ubicó como la séptima con más casos, en contraste con 2020, cuando no presentó reportes; por su parte en el país hubo una disminución del 21 por ciento, con un total de 12 mil 200 ese año.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del Inegi, en quejas contra las fiscalías estatales, Puebla solo se ubicó por debajo de Ciudad de México (3 mil 943), Estado de México (2 mil 66), Jalisco (770), Hidalgo (625), Chiapas (540) y Oaxaca (531).
En 2021, Puebla registró siete trabajadores de la FGE con sanciones, de los que cinco fueron hombres y dos mujeres, mientras que en 2020 no tuvo ningún caso.
De las sanciones, una fue amonestación, dos fueron suspensiones del empleo, cargo o comisión, mientras que cuatro trabajadores fueron destituidos.
Con lo anterior, la entidad fue la tercera con menos personal sancionado, solo por encima de Yucatán, que tuvo tres casos; así como San Luis Potosí, con dos. En tanto, Campeche, Quintana Roo y Tlaxcala no presentaron ningún hecho.
En el país, mil 191 trabajadores sancionados
Por su parte, en el país hubo mil 191 trabajadores adscritos a alguna fiscalía estatal que fueron sancionados, de los que 855 eran hombres y 336, mujeres; asimismo, la Ciudad de Méxito tuvo el mayor número, con 307; seguido de Guanajuato, con 118; y Durango, con 111.
Hasta 2021, en la Fiscalía de Puebla trabajaban 3 mil 155 personas, una disminución del 1.3 por ciento en comparación con 2020, cuando eran 3 mil 195 personas.
Asimismo, ese año se reportaron 30 fallecimientos de personal de la FGE, lo que significó un incremento del 114.3 por ciento en comparación con los 14 casos del año anterior.
De los 30 decesos, cinco fueron homicidios (uno durante enfrentamientos con grupos armados y tres realizando labores de investigación); dos accidentes; mientras que 23 fueron por causas naturales.
Cabe mencionar que, según el informe del Inegi, en 2021 Puebla inició 75 mil 414 averiguaciones previas y carpetas de investigación por algún delito; sin embargo, del total, el 65 por ciento no tenían un inculpado o imputado.
