La liberación de Beverly Vega, porque una juez determinó que solo se defendió de un conductor de Uber cuando la intentó atacar sexualmente, será apelada por familiares del mencionado, al acusar que hubo irregularidades en el proceso a favor de ella.
Y es que en primera instancia, recordaron que el lunes pasado la juez de control de Cholula había declarado culpable a la joven de agredir al conductor de la plataforma durante un intento de asalto que le provocó lesiones en cuello, cara y manos.
Explicaron que había todos los elementos en contra de ella, pero la presión mediática hizo que la jueza cambiará su resolución basándose en la perspectiva de género, respecto a que su actuar estaba justificado contra el conductor de Uber.
Los familiares contaron que el primer ministerio público que llevó el caso en la primera audiencia –que fue el pasado lunes– había presentado todas las pruebas a favor del chofer; sin embargo el viernes pasado cuando se realizó la segunda audiencia para determinar el caso, no acudió porque se dijo enfermó, pero iba otro en su lugar y quien supuestamente estaba enterado del asunto.
Señalaron que a Beverly Vega no permitieron que sus abogados particulares, contratados por sus padres, llevaran la defensa de ella por no estar enterados del caso y, por ende, debía aceptar el abogado de oficio que en este caso se le pusieron dos defensoras, misma situación que no aplicó para el caso del conductor, por permitir que siguiera con el otro agente del ministerio público, cuando no estaba enterado.
Indicó que el viernes en el desarrollo de la audiencia definitiva, el ministerio público no reclamó nada de lo señalado en contra del chofer y tampoco éste último pudo replicar algo, porque la juez no se lo permitió.
Comentaron que una vez la resolución a favor de Beverly, tienen tres días para apelar y esperando revertirlo, porque opinaron que fue más la presión mediática lo que pesó en este asunto.
En tanto, el chofer no fue señalado por la juez respecto a fincarle un cargo, pero tampoco puede volver a trabajar en Uber, porque la plataforma lo inhabilitó por el mismo caso y su vehículo continúa a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los familiares del chofer dijeron no tener los recursos económicos para defenderse, pero esperan con el apoyo del agente del ministerio público que los atendió en principio, poder echar abajo esa resolución.
