Rubén N demandó al líder sindical del ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Juárez Méndez, en 2018 por despido laboral injustificado y reclama más de un millón de pesos por salarios caídos, liquidación, entre otros conceptos.
En entrevista con Ángulo 7, Héctor Díaz Avelino, representante legal del denunciante, comentó que su cliente sostuvo la relación laboral entre enero y diciembre de 2018, con un sueldo de 30 mil pesos, con la encomienda de posicionar al dirigente sindical en los medios de comunicación, ya que en ese año compitió como candidato a la alcaldía de Puebla.
Sin embargo, para finales de ese año, sin justificación alguna, le dijeron que ya no trabajaría para Juárez Méndez. Incluso, cuando llegó a las oficinas del sindicato, ubicadas en la 24 Sur y 13 Oriente, ya no lo dejaron pasar por órdenes del dirigente y, aunque lo buscó para que le diera una razón, no obtuvo respuesta.
Por ello, dijo que presentó una demanda por despido laboral injustificado en la Junta Local Especial número 3, la cual no fue contestada por Juárez Méndez, además de que en las dos primeras audiencias que hubo mandó a sus abogadas, pero para las otras cuatro ya nadie acudió.
Explicó que, aunque se llevó la audiencia confesional, que es en la que a las dos partes los abogados les hacen preguntas y, por no haber asistido, el líder sindical se declara como “confeso ficto”, es decir, está aceptando los días, horas, salario, tiempo y prestaciones reclamadas.
Refirió que, aunque no se tiene un contrato firmado, ya que todo fue “de palabra”, sí hay muestra de que hubo una relación laboral entre los dos, pues hay pruebas de que estuvo en conferencias de prensa con él, así como que le explicaba como dirigirse a los medios y a sus agremiados, entre otras acciones.
“Ahorita ya está en el tema del laudo, que es la resolución final y se tiene un 99 por ciento de probabilidad de que se lo den al demandante, y esto significaría mermar las finanzas del gremio porque tiene (Juárez Méndez) que pagar a fuerza”.
Pide pago de salarios caídos y liquidación
Detalló que lo que se está reclamando es más de un millón de pesos, el cual consiste de los salarios caídos, que son 15 meses, conforme a lo que establece la ley, por lo que ascienden a 450 mil pesos, ya que, de acuerdo con copias de la demanda proporcionada a este medio, eran 30 mil pesos, a lo que se suma que por cada mes que pasa se le agrega el 2 por ciento.
A esto, agregó, es el pago de otros 90 días por liquidación, el cual había sido tazado en 2 mil pesos cada uno, por lo que son 180 mil pesos, pues “no le dieron nada” luego de que lo dejaron sin trabajo, así como un bono de 100 mil pesos que le iba a dar por parte de la labor que hizo.
Además del pago de vacaciones, aguinaldo y seguro de riesgo laboral, ya que trabaja en ocasiones hasta 12 horas, lo cual tendría que ser pagado, ya sea con dinero del líder sindical o, en su caso, de los recursos del gremio, aunque eso implicaría afectar económicamente a los demás trabajadores.
Díaz Avelino mencionó que si ha tardado el proceso es porque el recurso se presentó en enero de 2019, pero después se dio la pandemia del Covid-19 y estuvieron cerradas las oficinas, sumado a la reforma laboral con la que se determinó que todos los casos pendientes se resolverían en las instancias donde se encontraban.
Por ello, consideró que será en un o máximo mes y medio, es decir entre octubre y noviembre cuando se dé el laudo, le cual confió en que será a favor, ya que, aunque Juárez Méndez pudiera presentar un amparo contra eso, ello solo sería, en todo caso, sería para que se pueda.
Como ya se terminaron todas las pruebas que se tenían que desahogar, por ello solicitamos que se mande al laudo de ejecución de sentencia, la Junta tiene que resolver quién tiene la razón y, en este caso, como nosotros hemos presentado pruebas y él no se ha presentado, es muy probable que lo ganemos”, declaró.
LPR
