En el Cereso de San Miguel, de Puebla capital, 49 reclusas por delitos no graves, como robo o daño a propiedad ajena, solicitaron a la SCJN que revise sus situaciones jurídicas para ver si pueden ser beneficiarias del programa de preliberaciones.
Así lo informó este domingo, en rueda de prensa, Socorro Quezada Tiempo, integrante de la red, quien refirió que, en agosto, ellas y el colectivo 50+1 entregaron una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la que pidieron revisar la situación jurídica de mujeres encarceladas en la capital poblana, como ya se hizo en el de Santa Martha Acatitla.
Dijo que en ese momento eran 13 las reclusas del Centro de Reinserción Social (Cereso) las que solicitaban que se llevara a cabo dicho proceso, pero posteriormente se sumaron 36 para hacer un total de 49, de un total de 500 internas en ese penal estatal.
Las internas han solicitado cambiar la medida de prisión preventiva justificada a domiciliaria porque no han cometido delitos graves, sino patrimoniales, que son aquellos que atentan contra los bienes de una persona, como robo, abuso de confianza, fraude, extorsión, o daño en propiedad privada.
“Hicimos llegar una carta al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en la que solicitamos que lo que había sucedido en Santa Martha Acatitla de la defensoría social del Tribunal Superior de Justicia que ha liberado a presas revisando su situación jurídica, queremos que se replique aquí en Puebla”, expuso.
Manifestó que esto lo hacen porque muchas de las presas se encuentran sin juicio y, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, tendrían que estar en libertad porque no se les ha judicializado la carpeta de investigación en contra.
Podrían enfrentar proceso en libertad, dicen
Sobre el tema, Maricela Pichón Acevedo indicó que lo que buscan es replicar lo que ya se hizo en la Ciudad de México, ya que las reformas del 2008, en donde se cambió el sistema tradicional-mixto al adversarial-acusatorio, no se han aplicado, pues muchas mujeres podrían seguir su proceso en libertad, que era uno de los principios planteados.
Mencionó que internas han solicitado cambiar la medida de prisión preventiva justificada a domiciliaria porque no han cometido delitos graves, sino patrimoniales, aunque no precisó cuáles ni el tiempo que llevan presas, y ante eso la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal las beneficia, incluso si ya fueron sentenciadas por delitos no graves.
“Ahora ya no se les dice internas, sino personas privadas de la libertad. Muchas de ellas están olvidadas, abandonadas, porque no se aplica la ley o porque no quiere la Defensoría Pública del estado o los abogados enfrentarse a una serie de procedimientos para que ellas puedan estar en libertad”, declaró.
Por ello, dicho tema será abordado en el foro “La ruta por la libertad” el próximo viernes 14 de octubre a las 12 del día en el Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI) y en el que participarán Marisela Pichón Acevedo, Alejandra Acevedo Placeres y Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga, quien en agosto dejó la prisión de Santa Martha Acatitla.
LPR
