Las dependencias y entidades de la administración pública de Puebla deberán notificar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado cuando realicen contratos de adjudicación directa; previo a otorgarlos deberán presentar dos cotizaciones para asegurar las condiciones en que se dan.
Así quedó establecido en el Periódico Oficial del Estado, en el acuerdo publicado este jueves, que señaló que las dependencias deberán privilegiar en todo momento las licitaciones y solo aplicar las adjudicaciones de manera excepcional en caso de acreditar que no fue posible por el primer medio, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Además de los requisitos previstos en la ley mencionada anteriormente, las dependencias y entidades de la administración pública en Puebla deberán acompañarse de la autorización previa de su órgano de gobierno; así como presentar al menos dos cotizaciones que permitan conocer los precios de mercado para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
También deberán presentar el documento que acredite la invitación al procedimiento de excepción a la licitación pública, preferentemente a integrantes del Padrón de Proveedores del gobierno estatal.
Asimismo, una constancia expedida por la SFP, de inscripción al Padrón de Proveedores, así como la constancia de no Inhabilitado de personas físicas o jurídicas para participar en procedimientos de adjudicación, y el proyecto de contrato.
Las dependencias deberán notificar mediante oficio a la SFP la realización de la adjudicación directo con una anticipación de cuando menos cinco días hábiles previos a la fecha prevista para la formalización del contrato respectivo.
Por otra parte, la presentación de la notificación a la SFP no implicará la autorización o validación por parte del organismo, ni exime de la responsabilidad en que pudiera incurrir con motivo de futuras verificaciones, revisiones, supervisiones o auditorías que la propia Secretaría u otro ente fiscalizador realice conforme a sus atribuciones.
