En Puebla, los operadores del transporte público deberán de contar con seguro social y seguirán las cámaras de videovigilancia; los servidores públicos que indirecta o directa intervengan en el proceso para otorgar una concesión no podrán participar.
Lo anterior quedó establecido en el Reglamento de la Ley de Transportes en la entidad, que este jueves fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), luego de cumplirse 180 días de la publicación de la Ley de Transporte del estado.
Dicho reglamento continúa solicitando las cámaras de videovigilancia y el botón de pánico en el trasporte público enlazados a los sistemas de seguridad pública del estado, así como las tarifas preferenciales, las cuales serán determinadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) o, en su caso, Carreteras de Cuota-Puebla.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 89, las tarifas podrán revisarse cada año, a través de estudios técnicos integrales y serán los dos organismos mencionados anteriormente los que determinen si procede un incremento, lo cual podrá ser solicitado por los prestadores de servicio.
Vida útil de vehículos
Respecto a la vida útil de los vehículos, el documento refirió que el transporte urbano y masivo tiene vigencia de 10 años, lo mismo que el transporte escolar, de turismo y personal; el foráneo, 12 años; los taxis, siete años; mientras que los vehículos que prestan servicio de transporte ejecutivo, solo cinco años.
Por otra parte, los operadores de vehículos deberán ser contratados en términos de la legislación laboral, por lo que deberán gozar de prestaciones y seguro social, además de que las jornadas de trabajo deberán estar sujetas a lo que establece la ley de trabajo, la cual establece que la duración máxima será de ocho horas diurna, siete la nocturna, siete y media la mixta, mientras que la especial será establecida a través de un convenio entre los trabajadores y patrones, para aplicar siempre que se labore más de ocho horas de trabajo consuetudinariamente (por costumbre).
El documento estableció que los servidores públicos que de manera indirecta o directa intervengan en el proceso para otorgar una concesión no podrán participar, al igual que cónyuge, ascendientes, descendientes y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles; o terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios
Otras personas impedidas para conseguir una concesión serán quienes hayan tenido una, pero les haya sido revocada en los últimos cinco años anteriores a la petición, así como aquellas que cuenten con una concesión o permiso individual vigente, o bien sean parte de sociedades que cuenten con concesiones o agrupen concesiones individuales, lo anterior, para evitar monopolio.
R: DJ
