El DIF nacional transferirá a su homólogo estatal de Puebla 23 millones 8 mil 877 pesos para el fortalecimiento de acciones institucionales en materia de infancia migrante, centros de asistencia social, establecimientos asistenciales y lugares habilitados.
Así lo estipula el convenio firmado entre ambas dependencias y publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establecen las obligaciones de cada gobierno.
De acuerdo con la cláusula quinta, el DIF nacional debe asignar y aportar los recursos federales con carácter de subsidios, por la cantidad mencionada, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y posterior a la firma de este instrumento, previa documentación que para tal efecto proporcione el DIF de Puebla.
Por su parte, la cláusula sexta indica que DIF estatal tendrá que recibir y canalizar los recursos, así como supervisar la ejecución y desarrollo de las actividades y que se realicen de acuerdo con lo señalado en los criterios y normas del convenio.
Tendrá que realizar informes de avance de los proyectos se harán de manera trimestral, así como un informe final. Posteriormente, tendrá que administrar los recursos que reciba, así como comprobar, verificar y justificar el destino del gasto de los recursos otorgados ante las instancias fiscalizadoras correspondientes.
Con los recursos financieros solicitados, debe fortalecer la operación e infraestructura de alojamiento temporal, cuidados alternativos y acciones de intervención de retornos asistidos para niños y adolescentes migrantes, acompañados y no acompañados.
También le corresponde fortalecer las acciones de las procuradurías de protección en materia de representación jurídica y restitución de derechos para dichas personas, a través del mantenimiento, el reacondicionamiento, la habilitación, la ampliación, la remodelación, la rehabilitación, el equipamiento o el reequipamiento de espacios de alojamiento u otras estrategias de trabajo que resulten relevantes para mitigar la situación de los migrantes ,
Asimismo, le instruyen el otorgamiento de cuidados de hidratación, alimentación, higiene, atención sanitaria, entre otros, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria en el procedimiento administrativo migratorio o de retorno asistido.
En su caso, debe realizar los acompañamientos para aquellos casos en que se detecte que la niñez migrante requiera de alguna protección complementaria o la representación jurídica para la obtención de la condición de refugiado o asilo político.
Con la colaboración de Fernando Cortijo
