La ASF detectó irregularidades en la cuenta pública de 2021 del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep) por 9 millones 460 mil 149 pesos; la UTP, por su parte, tendría un daño de 3 millones 882 mil 668.8 pesos, mientras que la UP, de 2 millones 497 mil 699.
Lo anterior, como parte de la segunda entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde detectó que el Cobaep pagó 63 plazas no autorizadas con recursos federales, por lo que habría daño o perjuicio a la hacienda pública federal.
Y es que, destacó, en la comparación de las nóminas pagadas los 63 trabajadores no tenían un contrato de empleo o su equivalente.
Respecto a la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), la ASF detectó un posible daño al erario por 3 millones 879 mil 883.83 pesos, toda vez que realizó pagos de 51 plazas que correspondieron a cinco categorías que no fueron autorizadas y por realizar pagos después de la fecha de baja a un docente, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, la Universidad Politécnica de Puebla (UP) debe aclarar 2 millones 497 mil 699.13 pesos, debido a que, durante el primer trimestre de este 2022 ejerció recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal 2021 que no se encontraron comprometidos al 31 de diciembre de 2021 por tres contratos de bienes y servicios.
Asimismo, realizó pagos por 187 mil 531 pesos a cuatro trabajadores que ocuparon los puestos de jefe(a) de departamento de idiomas y educación continua, jefe(a) de oficina a, jefe(a) de oficina b y profesor(a) de asignatura, de los cuales no se acreditó su nivel académico requerido ni su título profesional correspondiente.
Cuatro municipios, con observaciones
Por su parte, al municipio de Ajalpan también se le detectaron irregularidades por 5 millones 685 mil 380.95 pesos; de dicho total, realizó el pago de 4 millones 99 mil 914.96 pesos por la elaboración de estudios y proyectos para el municipio, pero no presentó la evidencia de los trabajos realizados, por lo que se desconoce si dichas acciones fueron ejecutadas y destinadas para la verificación y seguimiento de las obras financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
Asimismo, pagó un millón 585 mil 465.99 pesos para el encarpetamiento con concreto asfáltico de una vialidad que presentó deficiencias de ejecución como hundimientos, baches, disgregación de material y grietas.
El municipio de Cuautlancingo, en tanto, debe aclarar 3 millones 643 mil 316 pesos; de dicho total, declaró haber destinado 2 millones 801 mil 400 pesos para adquirir la Licencia para el Botón de Pánico, pero no hay evidencia de su existencia ni que se encuentre en operación.
Asimismo, realizó el pago de 841 mil 916 pesos por bienes y servicios no localizados durante la verificación física y documental, por lo que habría daño al erario.
Por su parte, el municipio de Amozoc debe aclarar 352 mil 714.39 pesos debido al pago por dicho monto de un comprobante fiscal digital por internet expedido a nombre de “público en general” y no a nombre del municipio.
Chignautla, en tanto, debe justificar un monto de 200 mil pesos, por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2021.
