La Comisión de Derechos Humanos (CDH) inició una investigación por el desalojo de los pobladores de Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, de la planta Bonafont, el martes por la madrugada, a quienes dio un plazo de tres días para que ratifiquen la queja.
A través de un comunicado, el organismo autónomo mencionó que tuvo conocimiento de la queja que los agraviados hicieron llegar al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, Alejandro Encinas Rodríguez, acusando supuestas violaciones en contra de los defensores de la tierra y el territorio de dicha demarcación.
La CDH informó que por esta situación, se iniciaron los expedientes 926/2022 y 927/2022, mismos con los que la Segunda Visitaduría General realizó las diligencias correspondientes para hacerse allegar de los elementos necesarios.
Por ello, realizaron entrevistas a habitantes de Santa María Zacatepec, quienes negaron conocer a algún agraviado por el desalojo y rechazaron presentar alguna queja sobre lo ocurrido la madrugada del 15 de febrero, pues al parecer no participaron en los hechos.
Por tal razón, se requirió, vía correo electrónico, a los posibles agraviados que comparezcan, en un plazo de tres días hábiles, a las instalaciones del organismo a ratificar, precisar y, en su caso, ampliar los acontecimientos señalados.
Además, como parte de la investigación, se solicitó al ayuntamiento de Juan C. Bonilla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional (GN) que rindan un informe completo y detallado sobre los hechos que se investigan.
Pide a Tribunal colaborar en investigación
La CDH afirmó que realizó inspección ocular a las afueras de la empresa Bonafont y pidió la colaboración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para la investigación del caso y realizó un monitoreo de noticias para detectar posibles actos violatorios de derechos humanos.
Es de mencionar que el desalojo de activistas de la referida planta embotelladora se dio por la madrugada del martes, luego de que las instalaciones se mantenían tomadas desde marzo del año pasado para impedir la extracción del agua en dicha comunidad.
Sobre dicho tema, en su tradicional rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que esto se debió a que un juez de control decretó la restitución en favor de la empresa, por lo que se llevó a cabo una diligencia judicial para liberarla.
R: DJ
