El exgobernador de Veracruz Javier Duarte fue vinculado a proceso este 17 de noviembre por desaparición forzada, el delito recientemente se tipificó en un esfuerzo por combatir los crímenes de Estado; estará en prisión durante un año y medio.
Recientemente la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la vinculación a proceso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien además de purgar una pena de 8 años por corrupción y enriquecimiento ilícito, ahora será investigado por desaparición forzada.
Colectivos de búsqueda en el estado como el llamado solecito, acusan que “Durante el Gobierno de Duarte, a través de la Secretaría de Seguridad Pública se llevaron a cabo diversos operativos de seguridad, sin embargo, lejos de combatir la criminalidad y el narcotráfico, algunos de estos operativos sirvieron como mecanismos de limpieza social, mediante los cuales se detuvieron y desaparecieron personas de Veracruz”, señalan que al menos 300 personas desaparecieron durante ese periodo.
La FGE mantuvo como confidencial el nombre de la persona cuya desaparición se le impugna a Duarte, sin embargo puede que la investigación lo vincule con más casos.
Se realizó una audiencia inicial frente al Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial con sede en Pacho Viejo, quien dictó un año y medio de prisión preventiva justificada mientras se realiza la investigación complementaria.
¿Qué es la desaparición forzada?
Este año se reformó Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas para tipificar en México estos casos como delitos de lesa humanidad, es decir, actos que atentan directamente contra la población civil realizados con fuerza del Estado. La reforma otorga competencia a la Corte Penal Internacional para investigar la tortura y desaparición forzada en México.
El cambió fue principalmente impulsado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión para la Verdad en el Caso Ayotzinapa, que investiga uno de los mayores crímenes de estado de nuestro país.
Los funcionarios pueden ser acusados de desaparición forzada cuando hayan tenido conocimiento de las actuaciones relacionadas y hayan hecho caso omiso las hayan encubierto deliberadamente. De ser declarados culpables se harán acreedores a una condena de entre 20 y 30 años de prisión más una multa de 500 a 800 UMAS.
Desaparición forzada en Veracruz
Los casos de desaparición forzada en el periodo 2010 a 2016 en Veracruz, cuando Duarte fue gobernador, han sido investigados por instituciones competentes estatales y federales.
En 2016 fueron acusados por este delito Arturo Bermúdez Zurita, quien fue secretario de Seguridad Pública y Óscar Sánchez Tirado, exdirector general de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). El primero quedó libre en 2018, mientras que óscar Sánchez murió de un derrame cerebral cumpliendo condena este año.
En 2017 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz publicó la recomendación general 01/2017, en la que analizó 81 casos de desaparición forzada, acreditando un patrón sistemático de impunidad.
Derivado de lo anterior una Jueza de control vinculó a proceso a 16 policías y tres exmandos de la SSP.
Además, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd), publicó en agosto del 2020 el Análisis de contexto de las desapariciones forzadas en el marco de la Operación Blindaje Coatzacoalcos que Duarte ordenó en mayo del 2015; en este documento se mencionan 35 casos más de desaparición.
Con el contexto existe el exgobernador que fue capturado en Guatemala en 2018 y que actualmente se encuentra preso, podría ser relacionado con la desaparición de al menos 116 personas.
Editado por Mariam Rojas
