Unificar los códigos penales en las entidades federativas, trabajar con las comunidades indígenas para propiciar la educación sexual e invertir en ellas están entre las ocho acciones urgentes que propuso el Sipinna contra la venta de niñas y adolescentes.
Este jueves, Constanza Tort San Román, encargada de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), señaló que la venta mujeres menores de edad con fines matrimoniales o de unión temprana es “una conducta reprochable tanto a nivel social como político”.
Por ello, llamó a todas las instancias competentes a generar acciones urgentes a fin de prevenir nuevos casos y dar protección a quienes requieran ayuda de las autoridades.
En reunión interinstitucional, refirió que, desde 2021, se convocó a autoridades de la Administración Pública Federal (APF) y estatal, academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, para establecer acciones para comprender y erradicar tales prácticas en el país.
Los representantes de las instituciones estratégicas participantes concluyeron en la necesidad de trabajar desde los siguientes frentes:
1. Mejorar el concepto de venta de niñas y matrimonio forzado que incluya la desagregación de datos entre niñas menores de 12 años y las adolescentes de entre 12 y 17 años.
Además, no debe discriminar a las poblaciones indígenas y sus dinámicas matrimoniales y, si es el caso, redefinir los usos y costumbres, con el propósito de que estén acordes con el respeto a derechos de las niñas y las adolescente, sin vulnerar los derechos humanos.
2. Escuchar la opinión de las niñas y las adolescentes que enfrentan esta problemática y, con base en lo que sienten y piensan, formular nuevas acciones.
3. Impulsar la unificación de los códigos penales sobre la violencia sexual en contra de las niñas y las adolescentes, y la revisión de las normas que puedan ser discriminatorias hacia ellas, que consideren que existen matrimonios que tienen como base la violencia estructural.
4. Para efectos del empoderamiento de niñas y adolescentes deben contemplar las condiciones de pobreza en la que viven muchas comunidades.
5. Trabajar con autoridades comunitarias indígenas para que la información se les proporcione en sus lenguas; y propiciar la creación de espacios de participación para lograr una perspectiva más abierta en educación sexual.
6. Promover la inversión pública y privada para que los servicios de salud, acompañamiento y justicia estén cerca de las comunidades.
7. Instalar los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes municipales pendientes en el país.
8. Establecer mecanismos de mediación en las comunidades de usos y costumbres para que se respeten los derechos humanos de la niñez y adolescencia.
LPR
