Si usos y costumbres de comunidades indígenas transgreden los derechos de menores, al permitir la venta de niñas y el matrimonio forzado, el gobierno debe intervenir para garantizar que eso no suceda, se propuso en un encuentro del Sipinna.
Para combatir la venta de niñas y el matrimonio forzado, se propuso, en reunión del Sipinna, realizar un análisis exhaustivo sobre las causas e ideología que permiten estas prácticas para implementar políticas para evitar esta situación a los menores.
Lo anterior durante la reunión de trabajo de febrero entre autoridades de la Administración Pública Federal (AFP) y de los estados con organizaciones de la sociedad civil, instituciones internacionales y de la academia, para implementar acciones en contra de la venta de niñas y adolescentes con fines de matrimonio o unión temprana.
Al participar la Secretaría de Gobierno del estado de Hidalgo se manifestó por realizar un análisis exhaustivo sobre las causas e ideología, que conducen al matrimonio infantil y forzado, así como de la necesidad de generar políticas públicas y leyes que combatan esta problemática; y propuso también la capacitación exhaustiva tendente a la erradicación de estas prácticas, el fomento a la denuncia y a estudios enfocados de lo individual a lo social, con base en el reconocimiento de que la niñez es la etapa más importante en el desarrollo del ser humano.
En tanto, por parte de la Secretaría de Gobierno de Chiapas se señaló que se debe comenzar por el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Donde no se pueden admitir usos y costumbres que permiten la venta de niñas para matrimonios tempranos. Se enfatizó en que el Estado debe asumir ser el garante de estos derechos con base en el Interés Superior de la Niñez.
A su vez, la Secretaría Ejecutiva del sistema de Oaxaca expuso que cualquier propuesta de intervención para atender la problemática debe tener un diagnóstico con enfoque multidisciplinario que considere todos los factores que intervienen y que permita iniciar un amplio proceso de reflexión en el que participen comunidades indígenas, niñas y adolescentes, sectores público y social e instituciones académicas.
Este ejercicio podría introducirse en espacios intersectoriales como el Grupo Estatal de Prevención de Embarazo en Adolescente. De igual forma propuso impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante campañas dirigidas a familias y comunidades, lo que implica promover su participación comunitaria para que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta.
Desde 2021, se llevan a cabo este tipo de encuentros, coordinadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
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