En medio de pérdidas y deudas, la empresa Crédito Real, dedicada a dar créditos a personas de escasos recursos y mediante nómina, analiza declararse en quiebra según la ley de Estados Unidos; la SHCP vigila que respete los derechos de sus usuarios.
Este lunes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) advirtió que la “nominera” anunció que se encuentra reestructurando su cartera y está valorando la posibilidad acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
Tal capítulo de la ley estadounidense, le permitiría establecer un período de negociación de los términos de la liquidación, incluyendo la reorganización de sus activos y pago de deudas.
Hacienda señaló que la posición financiera de esta empresa “es desfavorable” pues, durante lo que va de 2022, su acciones acumulan una caída de 82 por ciento.
Para 2022, Crédito Real tiene vencimientos de deuda que suman 14 mil 639 millones de pesos, de los cuales 52 por ciento corresponde a líneas de crédito revolvente.
Sin riesgos, estabilidad financiera de México
De acuerdo con la dependencia federal, Crédito Real no es una institución sistémicamente importante a nivel local, pese a ser una de las “nomineras” más grandes de México.
Por ello, no considera que el default de la institución implique riesgos para la estabilidad o funcionamiento del sistema financiero mexicano, ni se anticipa un efecto de cascada para otras instituciones.
Sin embargo, las autoridades financieras mexicanas monitorean “muy de cerca” la evolución de la situación financiera y proceso legal de Crédito Real, a fin de garantizar que se atiendan las disposiciones de ley y se protejan los derechos de los usuarios de sus servicios financieros.
En este sentido, consideró que no debe haber contagio hacia otros participantes que tienen buen desempeño en el sector de las sociedades financieras de objeto múltiple, entidad no regulada (Sofomes).
Aunque Crédito Real no requiere autorización de Hacienda para operar en México, está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de operaciones ilícitas, y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en cuestiones de Prevención de lavado de dinero.
LPR
