La Secretaría de la Función Pública (SFP) remitió al TSJA una investigación por daño patrimonial de 27 millones 835 mil 104 pesos al erario por parte de un exfuncionario del Bansefi, hoy Banco del Bienestar, y un proveedor, quienes fueron inhabilitados y sancionados por 13 millones 917 mil 552 pesos cada uno.
Entre 2017 y 2018, dicha exservidora pública infringió la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) al cometer abuso de funciones al no vigilar el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios, toda vez que recibió entregables no pactados y autorizó la liberación de pagos al proveedor, simulando la documentación comprobatoria que establecía el mismo contrato.
Por su parte, el proveedor no cumplió con la prestación del servicio pactado, mismo que consistía en acciones de apoyo a la dispersión de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a los afectados por los sismos de 2017 en los estados de Chiapas y Oaxaca, además de subcontratar a otra empresa para cumplir con lo estipulado en el contrato.
De acuerdo con el expediente de investigación, iniciado en marzo de 2019 tras una denuncia presentada por la Dirección de Operación Tradicional del entonces Bansefi.
Lo anterior originó un daño patrimonial por 27 millones 835 mil 104 pesos al erario, mismo que fue acreditado, sancionando a ambas partes, aún con la posibilidad de interponer los medios de impugnación contra la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Editado por Janetzy Osorio Bautista
