La Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyó que no hay evidencia de “conflicto de interés” ni “sobornos” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Valdez, y Daniel Chávez Morán, presidente de Vidanta.
Lo anterior, como resultado de la investigación que se abrió a raíz de la denuncia que presentaron senadores del Partido Acción Nacional (PAN) el pasado 15 de febrero pasado contra el mandatario, su hijo y el empresario.
De acuerdo con la dependencia federal, un día después de recibir la denuncia, inició un expediente con objeto de reunir la información para acreditar la veracidad de los hechos señalados.
“Con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares”, resolvió.
Reafirma versión de AMLO
La SFP acreditó, en cambio, que el empresario Chávez Morán, nombrado como “supervisor honorario” del proyecto Tren Maya, “no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución” del gobierno federal.
Tampoco ejerció –agrega– las funciones legales de un servidor público, ni se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del gobierno federal.
De esta manera, reafirmó la versión de López Obrador, quien descartó cualquier conflicto de interés entre su gobierno y el presidente de Vidanta en las obras del Tren Maya.
Se deslinda de investigar a empleadores de hijo de AMLO
Por otra parte, señaló que no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la Administración Pública Federal ni fuera del territorio nacional, “como los que se refieren acerca de la empresa KEI Partners”.
Vale recordar que KEI Partners, propiedad de los hijos de Chávez Morán, es la empresa de bienes raíces que tiene registrado al hijo mayor de López Obrador como empleado en Texas, Estados Unidos.
Con base en los resultados anteriores, la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP concluyó la investigación.
La denuncia contra López Obrador, su hijo y su amigo empresario derivó del reportaje publicado en Latinus, que exhibió que López Beltrán y su familia vivieron en una casa de Texas que es propiedad de Keith L. Schilling, exdirectivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex.
LPR