Senado aprueba que Fuerzas Armadas sigan en seguridad pública hasta 2028
Senado aprueba que Fuerzas Armadas sigan en seguridad pública hasta 2028. Foto: Especial

El pleno del Senado aprobó la minuta modificada para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad pública hasta 2028, con controles parlamentarios, fiscalización y la creación de un fondo para fortalecer a policías desde 2023.

Tras ocho horas de discusión, el dictamen fue avalado este martes a las 10:30 de la noche, con 87 a favor y 40 en contra, por lo que el documento fue devuelto a la Cámara de Diputados con las modificaciones realizadas para su discusión y votación.

De esta manera, se modifica el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019, a fin de ampliar de cinco a nueve años el plazo para que la Marina y el Ejército realicen tareas de seguridad mientras dicha corporación se consolida.

La minuta contiene un adendum agregado por la mañana al dictamen aprobado el lunes en comisiones, a petición de la bancada de Morena, encabezada por el senador Ricardo Monreal Ávila, quien se reunió con el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández.

De acuerdo con el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el adendum amplía las disposiciones para asegurar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas permanentes y para que su actuación no tenga lugar a dudas, por lo que deberá ser una fuerza extraordinaria fiscalizada, regulada, complementaria, de acuerdo con los criterios de la Corte.

Asimismo, plantea que será a partir de 2023, y no hasta 2024, que se establezca un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios, en razón de su aportación, esfuerzo y número de habitantes, para el reparto económico.

La minuta avalada establece que el presidente de la República deberá presentar al Congreso de la Unión un informe semestral sobre los resultados y respeto a derechos humanos en las labores de seguridad pública realizadas por la Fuerza Armada, las cuales serán evaluada por una comisión bicameral.

LPR

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