Tras más de dos años de litigio, la Suprema Corte validó el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Fuerza Armada permanente realice tareas de seguridad pública de forma “ extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”
En sesión de este martes, el pleno del máximo tribunal avaló, por mayoría de ocho votos, el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso invalidar la controversia constitucional 90/2020, presentada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en mayo de 2020 contra dicha disposición presidencial.
De acuerdo con la resolución, los ministros determinaron que el acuerdo no vulnera la división de poderes, pues el artículo Quinto Transitorio del Decreto de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, en marzo de 2019, le otorgó al Presidente una facultad excepcional para disponer del Ejército y la Marina en tareas de seguridad.
Dicha facultad –señalaron– no está supeditada a que el Congreso federal legisle en materia de seguridad pública ni es una decisión unilateral del presidente, pues la participación de las Fuerzas Armadas en tales labores “emana directamente” de la Constitución federal.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también determinó que el acuerdo presidencial cumple con definir que la intervención de la Fuerza Armada está sujeta a una temporalidad de cinco años y establece que será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
“La resolución también señala que el acuerdo respeta los estándares internacionales determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso Alvarado Espinoza y otros contra México”
Hay que recordar que, el pasado 18 de noviembre, se promulgó la reforma al quinto transitorio constitucional para que el periodo en el que las fuerzas armadas realicen labores de seguridad se amplíe 2028, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades.
LPR
