La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la figura de los coordinadores estatales de programas sociales o “superdelegados” federales, creada en 2018, por lo que seguirán operando en las tareas encomendadas por el Presidente.
Este martes, el pleno del máximo tribunal reanudó la sesión del pasado martes, en la cual cinco ministros ya habían votado a favor de avalar la reforma de noviembre de 2018 al artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que estableció a los delegados federales y sus funciones.
Dicho ordenamiento, reformado mediante el decreto que se promulgó el 30 de noviembre de 2018, señala que el Poder Ejecutivo Federal tendrá Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las entidades federativas.
Sin embargo, esta porción normativa fue impugnada por senadores y diputados de oposición en la LXIV Legislatura a través de las acciones de inconstitucionalidad 115/2018 y sus acumuladas 116/2018, 117/2018, 119/2018 y 120/2018.
El voto decisivo, para sumar la mayoría de seis, fue el de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien sostuvo que la figura de delegado federal no transgrede el principio del federalismo y que su función es hacer eficiente el servicio público bajo el mando de la Secretaría del Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, dependiente de la Presidencia de la República.
A favor de la constitucionalidad de los delegados federales, votaron los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Corte, Yamín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Ortiz Ahlf.
En contra, se pronunciaron los ministros Luis María Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz mena, y Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández, pues consideraron que figura de los delegados presidenciales no tiene facultades bien definidas y alteran el principio constitucional de federalismo.
Delegados supervisan entrega de apoyos sociales
Desde el inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con base en la ley reformada, encomendó a los delegados implementar los planes y acciones necesarias para el “desarrollo integral” de la población en cada entidad, así como la supervisión de los apoyos que entregan las secretarías federales.
Los representantes de las secretarías federales en cada estado deben informar de sus actividades a los delegados, quienes están a cargo todos los programas del gobierno de México y responden ante la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, encabezada Carlos Torres Rosas.
Los legisladores de oposición aseveran que, además de interferir con el federalismo, los delegados usan sus cargos como plataforma electoral, como ocurrió –señalan– con Jaime Bonilla Valdez, quien, a tres meses de asumir el cargo, lo dejó en 2019 y se lanzó como candidato de Morena a la gubernatura de Baja California, la cual ganó en junio de ese año.
En Puebla, la delegada federal es Vida Inés Vargas Cuanalo, quien tomó protesta en agosto de 2021, en sustitución de Rodrigo Abdala Dartigues.
LPR
