La Suprema Corte votará un proyecto para eliminar la prisión preventiva oficiosa, por considerarlo contra los derechos humanos de los presuntos sospechosos; el gobierno federal reviró que esta decisión afectaría a jueces y a la justicia.
El martes por la noche, trascendió la propuesta realizada por el ministro Luis María Aguilar, quien planteó invalidar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en el país.
Alegó que la cifra de personas en prisión preventiva es alarmante y que afecta más a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada.
Para que dicho proyecto sea aprobado, debe obtener el voto de ocho de los 11 ministros que conforman la Sala Superior de la Suprema de Justicia de la Nación (SCJN)
Imputados evadirían justicia
Por su parte, el gobierno federal instó a la SCJN a reconsiderar la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, ya que consideró que de eliminarse, los presuntos responsables que contempla dicha ley pueden evadir la justicia, o atentar contra los testigos, e represalia, o sigan cometiendo delitos, de ser culpable.
También señaló que de dejar en manos de los jueces “la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”.
Pidió que la Suprema Corte tome en cuenta “la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Para que el proyecto se apruebe, se requiere del voto mayoritario de al menos ocho ministros en la sesión del pleno.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
Es una medida cautelar o de prevención para garantizar la presencia de una persona señalada de cometer un delito, a fin de que no huya del proceso de justicia o de que atente contra la integridad de las víctimas.
“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos”, según el artículo 19 de la Constitución.
Según lo anterior, existen dos tipos de prisión preventiva, la justificada y la oficiosa.
La prisión preventiva justificada solicita medidas cautelares para garantizar los fines antes mencionados y la solicita el Ministerio Público ante un juez, que decidirá si la otorga o no.
Mientras que la oficiosa es directa, automática y obligatoria por lo que no requiere un debate previo entre los impartidores de justicia para decretarla, pero solo aplica para un catálogo de 16 delitos.
Los delitos que considera la prisión preventiva son:
- Casos de delincuencia organizada
- Homicidio doloso
- Violación, abuso o violencia sexual contra menores
- Secuestro
- Trata de personas
- Delitos cometidos con medios violentos y explosivos
- Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud
- Feminicidio
- Robo en casa habitación
- Uso de programas sociales con fines electorales
- Corrupción, como enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones
- Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades
- Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos,
- Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares
- Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
- Delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal
Editado por Istfan AC
RE: LPR
