La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvería en el primer semestre de 2022 la controversia constitucional contra el acuerdo presidencial para disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, así como otros casos relevantes.
Así lo previó este lunes el ministro presidente del máximo tribunal en México, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al inaugurar el primer periodo de sesiones correspondiente al año 2022.
“Este año, la Corte resolverá asuntos de gran trascendencia para el orden jurídico nacional, me referiré a algunos de los de mayor interés social, aunque insisto en que estos asuntos son tan importantes como los otros miles de asuntos que ingresan a la Corte”, expuso.
En este sentido, enlistó una decena de asuntos pendientes por resolver, entre los cuales destacó la controversia constitucional en contra del “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 11 de mayo de 2020.
Este documento, publicado en Diario Oficial de la Federación (DOF), fue impugnado por la expresidenta de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura, Laura Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), sin el respaldo de Morena y aliados.
El acuerdo señala que el uso de las Fuerzas Armadas Permanentes en labores de seguridad sólo se permitirá bajo cinco condiciones: ser extraordinario, regulado, fiscalizado, complementario y con los militares subordinados a los mandos que disponga el Presidente de la República.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que dichas condiciones no se describen en el acuerdo, sólo se mencionan, lo cual provoca incertidumbre jurídica sobre el actuar de militares en tareas de seguridad pública.
Otros de los asuntos, entre más de 12 mil por resolver, que mencionó Zaldíver Lelo de Larrea son las acciones de inconstitucionalidad contra el Código de Justicia Militar, el Código Militar de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Registro de Detenciones.
También están las relativas a los derechos de las infancias trans y la que impugna el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales en la Ciudad de México, además de diversos asuntos relacionados con el caso de la presa “La Boquilla”, en Chihuahua.
“En estos como en todos los asuntos, la Corte actuará con independencia e imparcialidad (…) Nuestros fallos podrán gustar o no dependiendo de las coyunturas políticas, pero nuestro único compromiso es, ha sido y seguirá siendo con la Constitución y con los derechos humanos”, sostuvo el ministro presidente.
LPR