La SCJN declaró inconstitucional la restricción impuesta por la Ley de Austeridad Republicana para que altos funcionarios del gobierno federal no puedan ser contratados por empresas privadas durante los 10 años siguientes a separarse del cargo.
En su sesión de este lunes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad el proyecto de sentencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien determinó que dicho plazo de años es excesivo.
Reconoció que el fin de la prohibición es legítimo, pues busca evitar conflictos de interés y eliminar la posibilidad de que una empresa tome ventaja indebida con el acceso a la información privilegiada de los funcionarios.
Sin embargo, señaló que la Constitución establece restricciones que no rebasan los tres años para ocupar otros cargos públicos, por lo que señaló que la extensión a una década no está justificada.
La norma que invalidó la corte está contenida en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Austeridad Republicana:
“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”, establece el texto vigente hasta ahora.
Desde el inicio de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado que exfuncionarios de alto nivel, incluidos expresidentes de la República, se unan a las filas de grandes empresas, pues acusó que lucran con la información privilegiada a la que tuvieron acceso.
Los casos en los que más hecho énfasis es la contratación, por parte de compañía energética española Iberdrola, del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y de Georgina Kessel Martínez, quien fue secretaria de Energía durante el gobierno del panista.
Por ello, López Obrador incluyó en dicha ley, promulgada en noviembre de 2019, el plazo de 10 años durante los cuales los exfuncionarios no pueden ser contratados por empresas privadas.
LPR
