La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó la controversia constitucional promovida por la Cofece contra la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, pues determinó que este organismo no tiene interés legítimo para demandar.
En la sesión de este lunes, seis de los 11 ministros del pleno votaron a favor de poner fin al recurso porque la reforma no invade la competencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
A través de la controversia constitucional 44/2021, contra el Congreso de la Unión, el organismo competente demandaba la invalidez de los artículos 3, 12, 26, 35, 53, 101, 108, 126, así los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la ley reformada.
Argumentaba que la nueva legislación, promulgada el 9 de marzo de 2021, violaba la competencia económica y la libre concurrencia en el mercado de generación y comercialización de electricidad.
También señalaba un agravio a su autonomía y competencias en tanto órgano que se encarga de vigilar, promover y garantizar la libre competencia.
La reforma a la LIE establece que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrán preferencia, sobre las privadas, en el despacho de energía.
Sin embargo, la mayoría de los ministros coincidió con el proyecto de Loretta Ortiz Ahlf, quien planteó sobreseer la demanda argumentando que la Cofece carece de interés legítimo para presentarla, ya que no se afectan ni se agravian sus facultades constitucionales.
Caen con recursos contra LIE; queda uno
El fin de esta demanda contra la reforma a la LIE en el máximo tribunal del país se suma a la resolución del pasado 7 de marzo, cuando el pleno desestimó la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra dicha ley.
La SCJN aún debe resolver una controversia constitucional promovida por el estado de Colima contra la reforma a la LIE.
Dicha reforma –vale recordar– fue promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno también la defiende en el alto tribunal, con el objetivo de “rescatar” a la CFE para asegurar la estabilidad de las tarifas de luz y revocar contratos “fraudulentos” con generadores privados.
