A 11 días de la consulta de revocación de mandato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió al INE explicar la reducción de las casillas previstas en la ley en atención a un recurso de queja presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Este miércoles, la Presidencia de la República se inconformó con la manera en que el Instituto Nacional Electoral ha llevado a cabo la organización de la consulta con el presupuesto que le asignó la Cámara de Diputados, pues señaló que afecta la participación ciudadana.
En el recurso, recuerda que la SCJN modificó la suspensión emitida el 10 de diciembre de 2021 para instruir a la autoridad electoral que llevara a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto programado.
En este sentido, la Presidencia sostiene que este mandato de la Corte no puede verse traducido en la disminución del número de casillas, “ya que implicaría la afectación al derecho a la participación política de los ciudadanos”.
En respuesta al recurso, la SCJN dio al INE un plazo de 15 días al INE para informar sobre la forma en que se ha organizado la revocación de mandato. De no hacerlo, los funcionarios responsables podrían hacerse acreedores a multas salariales.
¿Por qué el INE instalará menos casillas?
De acuerdo con Ley Federal de Revocación de Mandato, la consulta de revocación de mandato debe realizarse con un número de casillas igual a las instaladas en las elecciones presidenciales previas, es decir, 161 mil.
Sin embargo, el Consejo General del Instituto Nacional del Consejo Electoral (INE) aprobó, en febrero pasado, instalar 57 mil 377 (un tercio), entre ellas 300 especiales, alegando insuficiencia presupuestal.
Y es que, en noviembre de 2021, la Cámara de Diputados no aprobó darle al INE los 3 mil 800 millones de pesos que había solicitado para dicha consulta. Además, en enero, la Secretaría de Hacienda también le negó una ampliación presupuestal.
Esta reducción presupuestal agudizó el conflicto entre el INE y el gobierno federal. Por una parte, los consejeros electorales acusaron un intento de control sobre el instituto a partir de la reducción de su presupuesto.
En tanto, Morena y el presidente de la República cuestionaron al INE por mantener “gastos y salarios onerosos” para los altos cargos y le reprocharon su negativa a aplicar una política de austeridad.
LPR
