A partir del 1 de febrero, cuando el Congreso de la Unión regrese de su receso, la agenda legislativa estará marcada por las propuestas de reformas constitucionales para el sector eléctrico y la Guardia Nacional, así como por iniciativas pendientes desde 2018.
Mañana, martes, inician las sesiones el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXV Legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República, donde los grupos parlamentarios prevén jornadas intensas de discusión y negociación.
Los puntos álgidos del debate se esperan durante la dictaminación y votación de al menos dos reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para el caso de la reforma eléctrica, que el Ejecutivo presentó en octubre de 2021, las discusiones iniciaron desde el 17 de enero pasado en los foros del Parlamento Abierto para el análisis de la iniciativa, donde académicos, funcionarios y consultores del sector han expuesto sus posturas a favor y en contra.
Dicha iniciativa plantea modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución federal e incluye nueve transitorios. Su objetivo es reemplazar el régimen de despacho eléctrico en el país a fin de que priorice a las plantas de la CFE, que se quedaría a cargo del 56 por ciento de la energía que se genera en el país.
Lo anterior, con el argumento de que el sector eléctrico es estratégico para el desarrollo de México y debe quedar bajo la rectoría del Estado. Además, incluye que el litio se vuelva una propiedad nacional.
Al respecto, trascendió que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo a legisladores de su partido que el apoyo a Morena y aliados para aprobar la reforma eléctrica está condicionada a que se acepten los cambios que plantee el tricolor y a que la votación suceda tras las elecciones del 5 de junio en 6 estados.
En la Cámara de Diputados, Morena precisa de al menos 56 votos de legisladores de oposición para conseguir la mayoría calificada que se necesita para la aprobación de reformas constitucionales.
Llega paquete de reformas de seguridad
El segundo periodo de sesiones en el Congreso federal también estará definido por la discusión de un paquete de siete reformas para reforzar la estrategia de seguridad del gobierno federal.
En estas iniciativas, sobresale la modificación constitucional para adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El domingo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad federal, pidió el respaldo de los senadores de Morena para que esta iniciativa pase. Además, les propuso otras seis reformas.
En los cambios planteados, están la tipificación como delito de la venta de videojuegos violentos a niños y su reclutamiento para actividades criminales a través de estos medios u otras plataformas.
El gobierno federal también busca recuperar la facultad de poder instruir el traslado de reos “peligrosos” a penales federales, así como que el dinero incautado a criminales se destine al equipamiento de policías locales.
Ambas cámaras también tienen temas pendientes desde la LXIV Legislatura (2018-2021), como la regulación del consumo de la mariguana, la Ley General de Aguas, la Ley General de Ciberseguridad, reformas a la Ley de Migración y la reforma constitucional para prohibir los matrimonios de menores.
