El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su “plan B” de la reforma electoral, aprobado en la Cámara de Diputados, plantea la prohibición de la entrega de monederos electrónicos o tarjetas, así como un recorte al INE, para un ahorro de hasta 5 mil millones de pesos.
En su conferencia de prensa matutina, destacó que “como era de esperarse”, la reforma electoral constitucional no fue aprobada por los legisladores, pues se requería el voto de 334 de los 500, pero sólo fue avalada por 269, por lo que envío la iniciativa de cambios a leyes secundarias, la cual sí pasó con 261 votos a favor, al requerir mayoría simple.
Destacó que se hizo un ajuste al gasto del INE, pues había muchas oficinas duplicadas, con un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos, pero que llegaría a 5 mil millones de pesos con la reducción al gasto de los organismos locales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).
Explicó que se prohibirá la entrega de monederos electrónicos o de tarjetas en las elecciones, además de que permitirá el voto electrónico de mexicanos que viven en el extranjero, con lo que se evita que “la oligarquía” tenga el “poder político y económico”.
Señaló que al no pasar la reforma constitucional no se logró reducir el número de diputados de 500 a 300; recortar en 15 mil millones de pesos el gasto del INE; que los consejeros y magistrados de los órganos electorales sean electos por la población y que bajará el presupuesto de los partidos.
Por su parte, el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, informó que el “Plan B”, reformó las siguientes leyes: General de Instituciones y Procesos Electorales; General de Partidos Políticos; General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral; Orgánica del Poder Judicial de la Federación; General de Counicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Apuntó que los migrantes podrán votar no sólo con su credencial, sino con su pasaporte o la matrícula consular vigente, lo que, dijo, facilita la participación, además de que se garantiza mayor secrecía.
Además, plantea que INE o el Tepjf no podrán imponer penalidades, prohibir o negar el registro a candidaturas más allá de los requisitos que están señalados para participar, no podrán establecer criterios para anular candidaturas, con lo que se garantiza la libre participación.
