La reforma electoral constitucional del gobierno federal plantea reducir los diputados plurinominales, los legisladores locales, eliminar los institutos electorales estatales, así como sustituir al INE; con lo que se ahorraría 24 mil millones de pesos.
Así lo informó Horacio Duarte Olivares, titular de Aduanas, en la conferencia de prensa matutina, donde comentó que la iniciativa, que se enviará al Congreso este jueves, busca hacer “más barata la democracia”, gastar menos dinero y que ese ahorro se use en otros proyectos.
Refirió que la propuesta plantea la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, con un nuevo modelo del órgano electoral, donde se contempla reducir de 11 a siete el número de consejeros y que estos, junto con los magistrados del Tepjf, sean elegidos por la población, posteriormente a ser postulados por los tres poderes de la Unión.
Explicó que se contempla la federalización de las elecciones para desaparecer los Oples, es decir, los organismos y tribunales de los estados encargados de los procesos electorales; en total busca reformar 18 artículos constitucionales y siete transitorios.
Serán 300 diputados y 96 senadores
Comentó que con el número de diputados se reducirá a 300 y el de senadores a 96, debido a la eliminación de cinco circunscripciones plurinominales, aquellos que no son electos, además de contempla que los Congresos locales tengan un mínimo de 15 y un máximo de 45 legisladores.
Apuntó que la iniciativa plantea acotar el número de regidores que podrá tener los ayuntamientos y que el financiamiento a partidos políticos se dé exclusivamente para las campañas electorales y que no dispongan de recursos permanentes.
Contempla voto electrónico y redefinir propaganda
La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador también contempla un mecanismo para el voto electrónico, la disminución de los tiempos de radio y televisión para la autoridad electoral, circunscribiéndose a que sea para los candidatos y partidos.
Asimismo, propone una redefinición de la propaganda electoral, ampliando las excepciones y permitiendo que autoridades puedan difundir actividades relacionadas con servicios públicos.
