La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que quedó en firme la inhabilitación para el servicio público por 10 años y la sanción por más de 370 millones de pesos que impuso a un exfuncionario de la Sedesol, hoy Bienestar, luego de que la SCJN desechó el último recurso del sancionado.
En septiembre de 2018, el Órgano Interno de Control (OIC) OIC de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) determinó sancionar a la persona servidora pública adscrita a la Dirección General de Desarrollo Comunitario, que estuvo encabezada por José Israel Torres Gutiérrez.
Lo anterior, por irregularidades en la documentación de la prestación de servicios para la realización de campañas en radio y televisión de Hidalgo, además de autorizar que el pago fuera erogado con cargo a una partida no aplicable para los servicios contratados.
La persona mencionada impugnó la sanción en 2019. Sin embargo, en enero de 2020 la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió reconocer la validez de la resolución.
Ante ello, interpuso un juicio de amparo que le fue negado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y posteriormente interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió desecharlo por improcedente debido a que no se trataba de materia constitucional.
El OIC determinó imponer las sanciones conforme a la legislación vigente al momento en que ocurrieron los hechos, tras haber infringido la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
LPR
