La privatización del servicio de agua potable en Querétaro significa la mercantilización de un bien común por parte de empresas cuyo objetivo es generar ganancias y no satisfacer necesidades de la población ni cumplir derechos humanos.
Así lo señalaron 30 organizaciones de Guanajuato que, este miércoles, se pronunciaron por abrogar la Ley de Aguas de Querétaro, estado vecino, y que el gobierno estatal abra el diálogo con todos los sectores sin reprimir las protestas.
En este sentido, denunciaron la disolución, por parte de la fuerza pública, de una protesta llevada a cabo el pasado 10 de junio frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Agua.
Además de la exigencia para la cancelación inmediata de la Ley Reguladora de la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, las organizaciones instaron al diálogo permanente y la inclusión en la toma de decisiones de los interesados a fin de garantizar el derecho al agua y su gestión eficiente, racional, equitativa y sustentable.
Señalaron que, en Guanajuato, entienden la situación de los opositores a la privatización en Querétaro, debido a que en sus municipios la gestión del agua está encabezada por intereses corporativos.
RE: LPR
Editado por Istfan AC
