La CNDH dirigió una recomendación a la Sedena y al gobierno de Baja California por la tortura de dos personas en 2011, víctimas sufrieron detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura infligidos por elementos de la entonces Policía Estatal Preventiva y los militares.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 001/2022 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, y a la gobernadora constitucional del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya que elementos del ejército y de la Policía Preventiva de Baja California (PEP-BC) transgredieron, en el año 2011, los derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la seguridad jurídica y a la integridad de dos personas agraviadas.
La primera víctima refirió que el 19 de enero de 2011 fue a la tienda y escuchó detonaciones de arma de fuego. Personas armadas y encapuchadas lo golpearon y lo acusaron de ser uno de los que habían huido. Esposado, lo subieron a un vehículo, donde fue objeto de agresiones mientras lo interrogaban.
Después, le pidieron que reconociera a dos individuos esposados, a los cuales no conocía. Una mujer le colocó una bolsa de plástico en la cabeza y al sentir que le faltaba el aire la mordió para poder respirar, lo que provocó que lo golpeara nuevamente. Más tarde fue trasladado a la base de la entonces PEP-BC, donde lo metieron a un cuarto en el que se encontraban varios agentes, quienes lo sometieron a diversas formas de tortura.
Luego elementos del Ejército Mexicano, quienes lo llevaron junto con las demás personas detenidas en un vehículo a instalaciones militares. Ahí dijo no conocer a las personas por las que le preguntaban y los militares le dieron toques eléctricos. Después le mostraron fotografías de personas fallecidas asegurándole que él los había privado de la vida; al responder en sentido negativo, lo golpearon en todo el cuerpo.
Por la noche “fue colgado de las manos, sin tocar casi el piso” mientras los militares lo interrogaban y “lo golpeaban con un bate en todo el cuerpo, principalmente en las costillas”. Posteriormente llegó una persona y le preguntó si conocía a la segunda víctima de estos hechos, lo cual negó. Después, un militar “le introdujo su rifle en la boca… para después sacar el cañón del arma de un jalón, tirándole un diente y otro más lo perdió días después”.
La segunda persona agraviada refirió que el 19 de enero de 2011, se encontraba en una casa cuando escuchó varios disparos. Junto con otras personas, salió para ver qué pasaba. Varios vehículos circulaban por la calle y elementos militares pasaban por el lugar casa por casa. Les pidieron salir del domicilio. Afuera, los soldados lo tiraron al piso, lo golpearon y lo subieron a un vehículo, preguntándole “si él era el que había corrido”.
Lo trasladaron a unas calles adelante para pasarlo a una camioneta de la entonces PEP-BC, a cuyas instalaciones fue trasladado. Allí lo volvieron a golpear y le colocaron “una bolsa de plástico en el rostro, mientras lo golpeaban”, lo insultaban y cuestionaban “dónde estaban las armas y las casas de seguridad”. Lo tiraron en una colchoneta, le colocaron un trapo en la boca y le arrojaron agua.
Luego lo entregaron a elementos militares, quienes lo llevaron a un cuartel militar donde continuaron golpeándolo; dos elementos lo pisaron mientras le tiraban agua en el rostro que tenía cubierto con un trapo, amenazándolo para que confesara delitos de robo, homicidio y secuestro. Le ponían cinta canela en el rostro y se la arrancaban con fuerza. Uno de los militares “lo pateó en los testículos” y le dieron “toques eléctricos en el cuello y con una especie de martillo de goma le daban golpes en la cabeza” y le mostraron unas fotografías de personas fallecidas por arma de fuego, cuestionando si sabía algo de esas muertes.
La Recomendación 001/2022 ya fue debidamente notificada a sus destinatarios y puede consultarse en la página web cndh.org.mx.
E: LGG
