El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que 120 personas han sido liberadas por deficiencias jurídicas de la extinta PGR en el caso Ayotzinapa y reconoció que 77 fueron torturados, lo cual no implica sean inocentes, en el pasado sexenio.
En conferencia, el funcionario refirió que en el caso del juez Samuel Ventura Ramos, liberó a 77 personas que fueron torturadas por funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), lo cual se acreditó, aunque criticó que “en lugar de restablecer el proceso, señalar y castigar a los torturadores dictó el auto de libertad, incluso de algunos de los principales perpetradores”, de la desaparición de los 43 normalistas.
Señaló que, por ejemplo una de las operadoras del C4 de Iguala, Guerrero, y presuntamente vinculada con grupos delictivos fue liberada por el juez, aún teniendo toda la información de los hechos ocurridos.
Destacó que la semana pasada el mismo juez dictó sentencia absolutoria a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala y otros implicados, particularmente a los policías municipales que participaron quitándoles el delito de secuestro, pero se mantienen procesos por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Mencionó que dichas imputaciones fueron iniciadas por la Fiscalía General de la República en los años recientes, por lo que las liberaciones se han fincado en los malos procedimientos que la PGR abrió contra distintas personas, con muchas deficiencias jurídicas.
Osorio Chong no es investigado
Reveló que de acuerdo con la información con la que cuenta la comisión encargada del caso, no existe relación del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en el asunto.
Manifestó que serán más de 46 los funcionarios locales y federales investigados por la desaparición de los 43 normalistas, debido a la investigación ministerial que realiza la FGR.
Destacó que el gobierno apelará el amparo concedido contra el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam y que corresponde a las autoridades judiciales de México e Israel la extradición de Tomás Zerón, ambos involucrados en la creación de la “verdad histórica”, con la que se quiso dar carpetazo al caso.
