La CNDH determinó que el ayuntamiento de Bahía de Banderas, en Nayarit, es omiso en la reparación del daño a una persona que fue agredida en una cárcel municipal, por lo que le solicitó concretar la compensación y capacitar a su personal en derechos humanos.
Lo anterior, a través de la recomendación 69/2022 dirigida a la presidenta municipal, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, por el incumplimiento de la que emitió la Comisión de Derechos Humanos del estado.
De acuerdo con el expediente, el 27 de marzo de 2017, la madre de la víctima denunció que su hijo sufrió un ataque por parte de internos en la cárcel municipal, que le provocó fracturas de cadera, nariz y ojos, lo que lo dejó con el rostro deforme.
Al investigar el caso, la comisión estatal acreditó violaciones a los derechos humanos por tortura y ejercicio indebido de la función pública, por lo que dirigió una recomendación al municipio, así como a la Fiscalía de la entidad, en la que solicitaba reparar el daño a la víctima mediante el otorgamiento de una compensación económica, lo que no fue cumplido por la autoridad municipal.
Ante la negativa, la CDDH de Nayarit emitió el acuerdo de incumplimiento parcial de la recomendación, por lo que la víctima presentó un recurso de impugnación ante la CNDH.
Municipio condiciona indemnización a sentencia de CIDH
La investigación de la comisión nacional encontró que la autoridad municipal sostuvo una reunión con la víctima en Guadalajara, Jalisco, en la cual llegaron a un “acuerdo” en el que acudirían “hasta la última instancia” (la CIDH), y una vez que esa institución sentenciara al Estado mexicano por este caso, se cumpliría con la reparación establecida en favor de la persona afectada.
Ante esta actuación del municipio, la CNDH señaló el desconocimiento de la autoridad municipal respecto de los sistemas jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos en México.
Sentenció que el ayuntamiento tenía la obligación de reparar el daño causado y no condicionarlo. Asimismo, debió asumir el compromiso legal de cumplir la recomendación estatal y, en caso de no hacerlo así, tenía que fundar y motivar las razones legales de ello.
Por ello, la CNDH solicitó a la presidenta municipal de Bahía de Banderas que, en coordinación con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, repare integralmente el daño causado a la víctima y, de ser procedente, tenga acceso a los recursos de ayuda y asistencia correspondientes, además de garantizar la atención médica y psicológica necesarias.
LPR
Editado por: Laura Ortega
