Aunque México tiene un marco legal de seguridad informática, episodios como los ataques de hackers a correos de la Sedena muestran la necesidad de una legislación de ciberseguridad estratégica que proteja a las instituciones del Estado e impoga penas severas.
Así lo expuso el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, durante la tercera reunión con miembros de la iniciativa privada en la rama de la tecnología, para analizar el marco jurídico y las propuestas legislativas sobre ciberseguridad.
El senador consideró necesaria una legislación que no sólo tipifique las conductas delictivas que se dan en el ciberespacio, sino que aporte herramientas de investigación sobre los delitos que sean útiles a las autoridades, en consonancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Se requiere, dijo, otorgar responsabilidades a los distintos órdenes de gobierno; que se reglamente el párrafo tercero del artículo 6º de la Constitución; se prevean normas de avanzada para proteger la actividad digital e informática de las instituciones del Estado mexicano, así como el intercambio de información y las relaciones comerciales y sociales de las personas.
La Ley, insistió, debe instaurar las bases para la integración y coordinación de las instituciones y las autoridades, encargadas de preservar la ciberseguridad en sus respectivos ámbitos de competencia.
“La Ley, añadió el senador, también tiene que tipificar los delitos en contra de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los datos y sistemas informáticos; así como el acceso ilícito a sistemas informáticos y reproducción ilícita de la información contenida en éstos”,
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró necesario que este marco jurídico sea estructurado, que responda a las necesidades y requerimientos de seguridad indispensable en el uso de las tecnologías de la información.
Reveló que el Senado no ha estado exento de este tipo de ciberataques, y refirió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación denunció un incremento del 40 por ciento en los ataques cibernéticos perpetrados a esta institución.
Ante este contexto, enfatizó, es indispensable impulsar la ciberseguridad estratégica, a fin de atender de manera precisa y preventiva los riesgos y amenazas que surgen en esta materia, con estricto apego a derecho, de manera integral, multifactorial y multidisciplinaria.
“La legislación sí debe establecer penas más severas para la comisión de delitos relacionados con pornografía infantil, que lesiona gravemente a las personas menores de edad y a la sociedad en su conjunto”; además de impulsar la confianza digital y un ambiente seguro para el mayor uso de plataformas de comercio electrónico.
LPR
